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Con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, el Gobierno oficializó este martes el Decreto 179/2025, publicado en el Boletín Oficial, que le permite avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión generó controversia incluso antes de su formalización, ya que la Ley de Sostenibilidad de la Deuda establece que cualquier nuevo entendimiento con el organismo debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso.

Desde la Casa Rosada, a través de los considerandos del decreto, justificaron la "necesidad y urgencia" de esta medida, que al tratarse de un DNU tiene fuerza de ley y puede quedar vigente con la ratificación de solo una de las Cámaras. De hecho, si tanto Diputados como el Senado deciden no tratarlo, el decreto continuará en vigencia tal como fue emitido.

Antecedentes

El decreto menciona que en situaciones anteriores, operaciones similares se enmarcaron dentro del artículo 60 de la Ley N°24.156, la cual establece que "en materia de crédito público, no resulta necesaria la sanción de una ley para aquellas operaciones que formalice el Poder Ejecutivo con organismos financieros internacionales de los cuales la Nación forme parte".

Sin embargo, el propio texto reconoce la existencia de la Ley N°27.612, conocida como "ley Guzmán", sancionada durante la gestión de Alberto Fernández. Esta normativa exige que cualquier programa de financiamiento con el FMI o ampliación de montos sea aprobado expresamente por el Congreso. En este sentido, la decisión del Gobierno de avanzar mediante un DNU generó el rechazo de sectores de la oposición.

En el decreto también se recuerda que en 2022, Martín Guzmán selló un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, que fue aprobado por el Congreso. No obstante, el Gobierno actual critica aquel pacto y sostiene que el "enfoque gradualista" adoptado en su implementación "no obtuvo los resultados esperados". Además, se menciona que el directorio del FMI tuvo que otorgar "dispensas" debido a las restricciones cambiarias y de capitales impuestas por la administración anterior, que iban en contra de las normativas del organismo.

El documento también describe el contexto económico del 2023, el cual califica como "crítico". En línea con el discurso de Milei, se enumeran las condiciones en las que la nueva gestión recibió el Estado y se destaca la implementación de un "plan de estabilización efectivo" basado en un "fuerte ajuste fiscal, una corrección del tipo de cambio oficial y un conjunto de medidas de emergencia". También se remarca el compromiso de eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, en sintonía con las exigencias del FMI.

Como parte de los fundamentos del decreto, se menciona la declaración de emergencia pública en diversas áreas a través del Decreto 70/2023 y la Ley Bases, lo que, según el Gobierno, respalda la excepcionalidad de la situación y justifica la necesidad del DNU.

En esa línea, el documento enfatiza la importancia de "seguir profundizando" la flexibilización de los controles cambiarios, en alusión al compromiso de Milei de eliminar el cepo este año. "La reconstrucción de la Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía", sostiene el texto.

Complicaciones con las reservas

El decreto también aborda la situación de las reservas del Banco Central. Según el texto, al inicio de la gestión las reservas internacionales netas eran negativas en US$11.200 millones, mientras que al 6 de marzo de 2025 aumentaron en US$7.034 millones. No obstante, continúan en terreno negativo.

Ante este panorama, se explica que la intervención del FMI permitiría reforzar las reservas mediante la conversión de letras intransferibles en deuda con el organismo y la cancelación de obligaciones contraídas en el acuerdo de 2022.

"Es indispensable revertir la situación de las reservas internacionales del Banco Central a través de la cancelación de las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional y cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse", señala el decreto.

El documento también responsabiliza a las gestiones anteriores por el "grave deterioro en la calidad de los activos del Banco Central" y menciona reformas a la carta orgánica del organismo que permitieron incrementar los adelantos transitorios al Estado y destinar reservas al pago de deuda externa bilateral.

"Los estados contables al 31 de diciembre de 2023 del banco arrojaron un patrimonio neto nulo y un resultado del ejercicio negativo. Es imperioso para el orden público económico cancelar de manera urgente una parte sustancial de la deuda que mantiene el Estado con el Banco Central a fin de mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas internacionales", argumenta el decreto.

Además, el Gobierno sostiene que contar con un nivel adecuado de reservas es "vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la Argentina al mercado de capitales internacional". También advierte que la baja calidad de los activos del Banco Central afecta su capacidad para garantizar la estabilidad monetaria y financiera.

El texto hace referencia al cepo cambiario, indicando que su mantenimiento "reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo". En ese sentido, se subraya que "para impulsar el referido proceso sin comprometer los logros alcanzados es condición necesaria que el Banco Central cuente con un nivel deseable de reservas internacionales".

El nuevo acuerdo

En cuanto a los términos del nuevo acuerdo con el FMI, el decreto establece que será un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), el mismo mecanismo utilizado en 2022.

Según el documento, "la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos, y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses". Asimismo, se aclara que los fondos que ingresen "deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el FMI".

Aunque el Gobierno insiste en que no utilizará estos recursos para intervenir en el mercado cambiario, el decreto no detalla los montos exactos que Argentina recibirá en el marco del nuevo entendimiento.

Por qué por decreto

El texto también explica la decisión de avanzar con este acuerdo a través de un DNU y no mediante una ley. Se argumenta que la Constitución Nacional le otorga al Presidente la responsabilidad de administrar el país y gestionar tratados y acuerdos con organismos internacionales, mientras que el Congreso tiene la atribución de contraer empréstitos y regular el pago de la deuda.

Con este decreto, el Gobierno busca sortear la necesidad de aprobación legislativa, amparándose en la situación de emergencia y en la urgencia de fortalecer las reservas para cumplir con los compromisos externos. Sin embargo, la medida ya generó un fuerte rechazo en la oposición, que cuestiona la legalidad del procedimiento y advierte sobre el posible impacto en la economía.