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Por la doctora Yanina Nicoletti

Abogada (UBA) de Hayden Davis. Especialista en Derecho Penal y Penal Tributario Económico

 

Liminalmente, he de destacar que sería cuanto menos negligente hacer algún comentario legal sobre los hechos de notorio y público conocimiento en relación a mi asistido el Sr. Hayden Davis, toda vez que, hasta el momento no fue notificado de ningún hecho mediante el cual se le atribuya responsabilidad penal. Los comentarios que él pudiera hacer o haber hecho a través de las plataformas virtuales son ajenos a mi labor.
En ese escenario, lo que sí puedo expresar, no tanto como abogada, sino como ciudadana argentina, sobre un tema en el cual está involucrado el jefe de Estado, el presidente de la Nación, el Sr. Javier Milei, que me parece que se está tomando con liviandad la cuestión en estudio y cuanto menos son desprolijas las expresiones vertidas a su respecto por él y por los señores miembros del Congreso que nos representan. Es una situación de extrema gravedad institucional que indudablemente tendrá repercusiones económicas, sociales y políticas, de la cual ningún ciudadano argentino, entre ellos yo, se encuentra exento.
Y, en este último punto quiero detenerme en dos cuestiones. La primera, que parecen dejar de lado, que el señor presidente es un funcionario público. Más allá del partido político al cual se pertenezca o la idea con la cual se comulgue. Javier Milei es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, en consecuencia, debe privilegiar en todo momento el interés público por sobre el interés individual, se le prohíbe aceptar cualquier beneficio personal indebido por la realización de sus funciones. Debe estar desprovisto de cualquier motivación lucrativa, y cuando hablo de lucro, no sólo es en el sentido económico, sino en cuanto a cualquier interés en beneficiarse o beneficiar a terceros.
En ese escenario, entiendo que es él quien tiene que responder de este hecho objetivo, que ha visualizado y promovido a través de las redes sociales mediante su cuenta oficial, de la cual no solamente no dijo desconocer sino que además la reivindicó; es presidente de la Nación, independientemente de lo que haya hecho o no mi asistido.
Por último, debemos tener presente que actualmente, el ministro de Justicia de la Nación, el Dr. Mariano Cúneo Libarona, (ministro elegido por el P.E.N.), integra la Comisión de Reforma del Código Penal, conjuntamente con destacados juristas y abogados, como el Dr. Mariano Borinsky, la Dra Capuchetti, Dra. Onetto entre otros, proyecto mediante el cual se incorporaría el Capítulo 6 Denominado “Delitos contra la corrupción”, instituyendo la figura del delito para los funcionarios público con un importante agravante en las penas de los delitos de cohecho, las negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, entre otros, con un mínimo que pasaría a ser de cinco años y un máximo de quince, si el delito es cometido por un presidente, vicepresidente, ministro o integrante del Congreso. Además, se intenta discutir en el Congreso de la Nación “la ficha limpia”, se pide transparencia y aseguran un cambio.
¿Un cambio para qué, dirigido a qué? Al menos estos hechos no lo estarían demostrando. Espero que pronto los tribunales federales de nuestro país puedan poner un manto de transparencia a lo que realmente sucedió, y que la sociedad argentina, que en definitiva es lo que importa, nuestro país, vuelva a tener la paz que necesita, sobre todo en estos momentos tan difíciles para muchas personas.