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El Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria que había dispuesto el Gobierno a través del DNU 274. En junio, la iniciativa con los cambios que impulsó el peronismo junto con bloques de la oposición dialoguista obtuvo media sanción en Diputados.

El proyecto establece el pago de un extra del 8,1% a los jubilados y pensionados de la ANSES, a modo de recomposición de los ingresos que se vieron muy afectados con el alto índice de inflación de enero, que fue del 20,6%, dado que el Ejecutivo solo reconoció el 12,5%. Este y otros cambios del proyecto aprobado constituyen un revés para el Goierno de Javier Milei, que difícilmente podrá mantener el déficit cero. 

El Presidente advirtió que vetará la iniciativa en busca de “mantener el equilibrio fiscal”. “No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”, escribió en sus redes sociales el pasado 4 de julio.

Los puntos principales de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado

La nueva fórmula jubilatoria implica una actualización de los haberes de forma mensual en línea con el índice de precios (IPC) que publica el INDEC, tal como establece el DNU vigente que activó el Ejecutivo. En ningún caso, su aplicación podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.

Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.

Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.Además, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.

Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.