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El Gobierno denunció un fraude a gran escala en la concesión de pensiones por invalidez, descubierto tras una auditoría reciente en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, este viernes por la mañana en su habitual conferencia de prensa, que precisó que hubo un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares solo en el último año.

La radiografía de un perro y números "estratosféricos" 

De acuerdo a lo informado por el portavoz presidencial, tras la auditoría dirigida por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, se evidenció que durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 79.000 a 1.000.045.

Para diciembre de 2023, esta cifra había ascendido a 1.222.000 beneficiarios, un número que Adorni calificó de “estratosférico” y sin precedentes, incluso comparado con países afectados por guerras o desastres naturales. Entre las irregularidades detectadas, Adorni destacó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días”.

“Esta auditoría ha descubierto un fraude masivo, con un desvío estimado de 3.400 millones de dólares solo en el último año, representando más de medio punto del producto bruto interno. Del total de pensiones otorgadas, se identificaron 25.000 beneficiarios que actualmente están trabajando”, indicó Adorni.

Asimismo, añadió: “Dentro de este grupo, hay 60.000 personas que no cumplen con los requisitos, ya que poseen varios autos, propiedades dentro y fuera del país, embarcaciones e incluso aviones privados. A cada beneficiario fraudulento también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, lo que significó una transferencia promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado desde el gobierno nacional”.

También se mencionó el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue utilizada para obtener 150 pensiones por invalidez. En 2022, “un médico de Corrientes, cuya ética profesional es cuestionable, adjuntó al certificado una radiografía de un perro”, cuya copia fue mostrada a los periodistas presentes en la conferencia, evidenciando la cola del animal en la imagen.

Las pensiones por discapacidad, señaló Adorni, deben destinarse únicamente a quienes realmente las necesitan debido a una incapacidad laboral, y no convertirse en un negocio lucrativo. “Cada pensión otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente. La Argentina de la avivada y la corrupción con el dinero de los contribuyentes se terminó bajo la administración del presidente Milei”, concluyó.