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El informe sorprende por lo exhaustivo, detallado, y sobre todo por la baja efectividad de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) a la hora de denunciar a los incumplidores fiscales mediante supuesto fraude, lo que se transforma en un tema correspondiente al fuero Penal Tributario. Entre 2013 y comienzos de 2023, de acuerdo al material al cual accedió Minuto de Cierre en exclusiva, el Departamento Penal Tributario elaboró exactamente 1.067 expedientes, pero sólo 20 de ellos terminaron en denuncia judicial. En el documento, hasta ahora no revelado, los mismos se diferencian entre esos 20, algo más de 40 que no tienen dictamen firmado, algo más de 40; los de la categoría "no se denuncia", y una inmensa mayoría -casi 1.000- "para denunciar". Además están los catalogados como "no se denuncia".

Por cada número de dictamen se especifica el contribuyente, número de expediente, la fecha, los períodos fiscales comprendidos y la fecha de interposición -si la hubiere-, entre otras informaciones. Además se menciona, en algunos casos, al encargado de cada expediente judicial por nombre de pila, incluso acortado: Gaby, Rosi, Alan, Vane, Vero, Jony, Agustín, Christinan, Alan, Fernanda, Jorge, Gonzalo, Andrea o Juan, entre otros.

Con respecto a cada contribuyente, también se detalla cuál o cuáles son los artículos de la Ley Penal Tributaria -su número es 24.769- que incumplieron: el 1 es evasión simple, el 2 agravada, el 3 define aprovechamiento indebido de subsidios, el artículo 4 la "obtención fraudulenta de beneficios fiscales", el 5 define la pérdida de los beneficios anteriores por 10 años, mientras que el artículo 6 pena a la "apropiación indebida de tributos". De acuerdo al informe, en la mayoría de los casos la califiación efectuada por el DPT de la AGIP es referida a los artículo 1, 4 y 6, pero también al 11, que se refiere a las "registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño" para simular "el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En términos más llanos, desde el 2013 hasta el 2023, la AGIP relevó contribuyentes que evadieron, consiguieron beneficios fiscales de forma fraudulenta, cobraron impuestos sin transferirlos -como correspondía- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o presentaron comprobantes truchos. Sin embargo, para la agencia recaudadora porteña, conducida gran parte de esos años por el contador Andrés Ballotta, apenas mereció denuncia judicial el 1,87% de los casos. Quizás no creían en la doctrina de la percepción de riesgo, según la cual el castigo a contribuyentes importantes y/o famosos impulsa a pagar a los demás. Quizás no les importaba mucho recaudar, por lo menos para el erario porteño. 

El listado tiene todo tipo de empresas y organizaciones. Algunos abiertamente vinculadas con la familia Macri, como IECSA, que era de su primo Ángelo Calcaterra, ya vendida hace algunos años a otro grupo nacional. También está GNV Group Desarrollos Urbanos S.A., por inclumplimientos del 2013 y 2015, el primero de ellos bajo la conveniente categorización de "no hay dictamen firmado". Esta compañía, de reconocidos vínculos con el diputado Christian Ritondo, fue aportante -en blanco- de la ganadora campaña presidencial Macri 2015, y después de ello se quedó con la concesión de locales ubicados en el subsuelo de la Plaza Houssay, frente a las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la UBA.

Entre las firmas de nombre aparecen multinacionales como la aseguradora Mapfre, el Hotel Panamericano, Morixe Hermanos, The Walt Disney Company o Pepsico de Argentina. Hay constructoras, como Supercemento o la ya mencionada IECSA. Una buena cantidad de laboratorios, tanto de capitales nacionales como extranjeros: Laboratorios Beta, Productos Roche, SIDUS, Abbot, HLP Pharma, entre otros.

En el caso de empresas grandes, algunas de ellas multinacionales, se destaca la violación sistemática del artículo 6 de la Ley Penal Tributaria, referido a la "apropiación indebida de tributos". Como si se trata de un modus operandi a sabiendas de cierto nivel de protección por parte de las autoridades de AGIP. Esos casos no fueron denunciados. Todo esto es la matriz para recaudar menos que desarrolló el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2023. El desafío de la gestión de Jorge Macri es dar vuelta esta historia. Según diversas fuentes, hubo contactos entre el Poder Ejecutivo porteño y el fiscal que sigue este tema: la duda es con qué intencioalidad, investigar a fondo o frenar.