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La trascendente decisión que tendrán que tomar YPF y PETRONAS  para seleccionar el puerto donde se canalizará la exportación de la producción del yacimiento Vaca Muerta, además de las condiciones estructurales y naturales de las dos alternativas que se barajan, deberá considerar otro aspecto tan o más importante que nadie quiere mencionar: quién y cómo se administrará el puerto donde se lleve adelante la faena y, en este aspecto seleccionar el Puerto de Bahía Blanca se constituiría en una decisión de alto riesgo para el éxito de la misma, por razones que parecen estructurales en esa ciudad, independientes inclusive de los poderes políticos provincial y nacional.

El Puerto de Bahía Blanca fue transferido de la Nación a la Provincia, bajo una infrecuente condición de que ésta no lo administre directamente sino a través de una sociedad privada o un Ente Público NO ESTATAL que invierta su producido en el puerto y que no forme parte de la Administración Provincial. (Art.12 de la Ley 24093). Para cumplir con esta condición se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) dirigido por un cuerpo colegiado compuesto de 9 miembros, 5 de los cuales representarían al sector privado, 2 al sindical, 1 al Municipio y otro al gobierno de la Provincia; este último además sería su Presidente.

Su régimen de funcionamiento se fijó en la misma norma que le dio vida (Ley Provincial 11.414).  Esta ley fija algunos puntos con claridad en cuanto a su autonomía para evitar la injerencia política decisiva de las ocasionales gestiones de gobierno en la dirección, administración y explotación del puerto. Así lo consignaron claramente en la letra de la Ley y con la formalidad de su aprobación lograron el Derecho a la transferencia a la Provincia de Buenos Aires de una de las 3 unidades portuarias más importantes del país.

La experiencia novedosa resultó en un primer momento exitosa, pero con el correr del tiempo comenzó a burlarse el compromiso señalado, de separar el manejo profesional del Puerto de las necesidades políticas del Gobierno de turno. Precisamente la actual gestión del gobernador Axel Kicillof ha llevado al extremo la dependencia de todas las decisiones, de lo que él mismo decida, en acuerdo con un grupo de representantes (directores) que se han ido aglutinando en derredor de grupos de intereses locales, ávidos de negocios, privilegios y de acceder a estamentos de poder, que nada tienen que ver con los propios de la actividad portuaria y que evitan decididamente su desarrollo.

En este círculo anida la toma de decisiones finales, para ello el CGPBB con el aval del Gobierno (en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hoy más que nunca se autoatribuye facultades exorbitantes en sus contrataciones con todo aquel que caiga en sus redes, y a partir de las mismas que son propias del Estado por encarnar el interés general, naturalmente prevaleciente, permite un grado de discrecionalidad totalmente inadecuado para el manejo de los negocios portuarios, especialmente para atraer inversiones que es lo que hoy se necesita con suma urgencia.

El ex presidente del Consorcio (nombrado por Kicillof) Federico Susbielles (ex basquetbolista y jamás vinculado con la actividad portuaria, un neófito en la materia) financió su candidatura a intendente de la ciudad con los recursos redireccionados del Puerto. Basta sólo conocer las iniciativas que llevó el puerto durante su campaña, casi todas ajenas a la actividad portuaria; y -como contrapartida- y la falta de inversión en el propio puerto, totalmente abandonado. Pero no descuidó los intereses de sus mandantes reales (el grupo de personas con intereses locales) a la hora de preparar el terreno para hacer negocios con lo que entendían que indefectiblemente debía suceder en el puerto de Bahía Blanca: la exportación de la energía que producirá Vaca Muerta.

 

Contrato arrebatado, con mandatarios de período vencido, y desobediencia a la Justicia

 

Para los objetivos anteriormente descriptos, Susbielles y sus "socios", o mínimamente aliados políticos, decidieron entre otras medidas, tomar la explotación de la zona del puerto destinada precisamente a la transferencia de combustibles, llamada “posta de inflamables de Puerto Galván” aun cuando se encuentra concesionada a un operador Privado. De un día para el otro y contraviniendo el compromiso que había firmado dos años antes, le arrebataron el contrato a una empresa privada, salteándose aun el procedimiento previsto en la propia ley para dirimir cualquier conflicto con los permisionarios con los que el Puerto de Bahía Blanca contrate.

También en contradicción frontal con la letra y espíritu de la ley, se arrogaron facultades del Estado y en base a ellas dispusieron la rescisión del contrato mediante un acto visiblemente viciado, firmado sólo dos de sus «Directores», el Sr. Susbielles y el Sr. Sosa, el primero denunciado por extorsión por haberle solicitado a la empresa ENERGEN S.A. el 50% de sus acciones a título gratuito para poder seguir operando -situación que cuenta con registro de audio y video presentado a la fiscalía a cargo de la investigación- y el otro, Sosa, un Director sin mandato vigente, es decir un ex Director.

Además, invocaron urgencias y catástrofes por la presencia de un peligro que no se condice con los informes de los organismos, y atribuyéndose la necesidad de continuar las operaciones, arrasaron al concesionario y lo desapoderan de todos los elementos para prestar los servicios, prohibiéndole acceder a la zona. Ante semejante atropello, la empresa Energen debió recurrir a su a la Justicia donde obtuvo una medida protectoria (cautelar) que dispuso el 19-09-2023 que la rescisión del contrato y todo lo que en el acto se decidió carece provisoriamente de efectos, es decir que el concesionario debe continuar ejecutando la explotación mientras se desarrolle el juicio. Dicha decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo radicada en otra ciudad (Mar del Plata) tomada hace 10 meses ha sido burlada por el puerto de Bahía Blanca y por la justicia local. Mas aún, el Juez de Bahía Blanca ha decidido rechazar la ejecución de la medida impuesta por su superior, la Cámara.

Desde el punto de vista del interés estratégico, y de largo plazo, da la instalación del puerto de YPF-Petronas para exportar GNL, la conclusión a la que arribará cualquier empresa antes de invertir miles de millones de dólares será la de evaluar este riesgo adicional, de verse ante un Administrador que decide saltear todo lo que expresa la ley, para unilateralmente deshacer sus compromisos con apoyo en la justicia local.

Este peligro es de total evidencia por la historia del comportamiento de ciertos sectores del poder argentino a la hora de no respetar los contratos con los inversores, agigantado en el caso por la actual posición pública del gobernador Kicillof -que en disidencia con medidas anunciadas por el Presidente Milei, llamó a la población a imaginar que pasaría si él decide cerrar los puertos-.  Tampoco se puede obviar tanto desde YPF como de PETRONAS, que el actual Gobernador fue el impulsor y responsable de impulsar la estatización de precisamente YPF cuando recurriendo precisamente al «interés general», incumplió los contratos y la ley, proceder que hoy le cuesta al país 16.000 millones de dólares. Al final, arrasar con la seguridad jurídica tiene su costo.

Hay un componente más en este caso específico. Para vencer la voluntad de la empresa Energen S.A., la gestión actual del Gobierno en connivencia con la Presidencia del Consorcio, no reparó en exigirle que pague un “adicional” del impuesto a los ingresos brutos equivalente (según los datos del propio ente consorcial) al 360 % de su patrimonio neto, gabela que además de absurda, visiblemente no correspondía que la pague. Este proceder agiganta las armas con las que un gobernante inescrupuloso puede “apretar” a quienes caigan en sus redes.

Para completar este panorama desolador, el Directorio del Puerto de Bahía es manejado en las sombras por el Turco Elías, lugarteniente del sindicalista Hugo Moyano, Presidente de la Unión Industrial, dueño del diario La Nueva Provincia, de las radios LU2 y La Brújula, del canal 9 de televisión abierta de Bahía y de múltiples medios de difusión menores. Recordemos que Elías incursiono en los negocios portuarios a través de Ivetra y Transporte y Logística S.A. en asociación con Gustavo Damiani -actual Director del Puerto de Bahía Blanca-, y ambas empresas con ramificaciones offshore en Panamá denunciadas en los Pandora Papers.  Cualquier investigación seria que realizara un inversor de la jerarquía de Petronas revelará el pasado y presente oscuros que sustenta la cabeza del poder económico y político bahiense.

Además, Elías tiene en el puerto como representante de los trabajadores en el Directorio a Marcelo Osores, quien no sólo fue denunciado por amenaza de muerte al titular de la Empresa, sino que es bien conocido como un dirigente impulsor de medidas de fuerza desproporcionadas que jaquean a todas las empresas radicadas en el lugar, aunque genere perjuicios inconmensurables al propio puerto, que luego con la anuencia del propio Poder Ejecutivo Provincial vuelve a darle el aval para sentarse en el Directorio del Ente. Muchas de las grandes empresas han neutralizado su poder de daño, contratándolo directamente con un sueldo mensual (así surge de la consulta al organismo fiscal-AFIP donde detenta 9 empleadores), o directamente accediendo a realizar «pagos» a una empresa constituida por integrantes del Gremio que regentea: ESTIBADORES S.R.L.

¿Cuánto le cobrará a PETRONAS y al resto de las empresas para que instalen para que puedan operar? Todo este esquema Consorcial diseñado con un fin determinado en la norma, en la práctica se ha alejado del de desarrollar un puerto eficiente, económico y moderno para el bienestar general. Este andamiaje no sólo pone en peligro a la empresa que se aventure a radicarse en el ámbito de su actuación, sino también (y esto es más trascendente) a la sociedad argentina en la posibilidad histórica de aprovechar los recursos naturales que le permitirán recuperar los niveles de bienestar de su sociedad que dramáticamente se han perdido. Basta para ello sólo mirar las ruinas de la inversión producida en el mismo puerto por la empresa brasileña “Vale” que pretendió extraer y exportar el potasio existente en la provincia de Mendoza, y debió abandonar su millonaria inversión y su proyecto, harta de lidiar con la falta de seguridad jurídica local.