El preocupante informe de la AGIP: jefa de Cobranzas viviendo en España, denuncias penales que prescribían y falta de estímulo al personal
Como el estado de la situación en infraestructura, develado por Minuto de Cierre, el cierre de la gestión de José Donati también produjo un crítico informe por parte de la dirección Legal y Técnica. La fiscalía en lo Penal Tributario, de la inacción a una áspera reunión con el nuevo administrador.
La salida de José Donati de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente recaudador porteño, sigue generando polémica. Duró menos de medio año, sucediendo a Andrés Ballotta y antecediendo a Germán Krivocapich. Sin embargo, a través de sus directores, Donati quiso dejar constancia de cómo encontró al organismo.
El informe del área tecnológica detalló falta de insumos, un data center no duplicado y falta de refrigeración en el mismo. El mismo ya fue expuesto en una nota de Minuto de Cierre (https://www.minutodecierre.com/nota/2024-5-31-15-59-0-el-critico-informe-que-detalla-una-agip-al-borde-del-colapso-tecnologico-falta-de-insumos-equipamiento-obsoleto-y-sin-data-center-secundario), y se publica completo al final de esta nota. En tanto que otro informe, de la Dirección Legal y Técnica, es igualmente duro pero más sintético, como si guardara más información que no publicó en el Boletín Oficial (BO) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este documento también puede verse hacia el final de este nota.
De todas formas, el Informe de Gestión de la Dirección General Legal, Técnica y de Asuntos laborales, apunta que en todas sus áreas “se detectaron tareas atrasadas y falta de estímulo en el personal que las componían”. Este documento, publicado en el B.O. porteño el 20 de mayo, lleva la firma de la doctora Marcela López, titular del área desde la llegada de Donati, que se fue de la misma junto a él.
En este documento, López da cuenta que el Departamento Penal Tributario y la Subdirección General de Cobranzas, el más importante a la hora de cobrarle impuestos atrasados a empresas y asociaciones civiles, estaba en “cuasi acefalía”, ya que “desde el 10 de mayo de 2022 la quien entonces era jefa, Verónica Mariel Laviano, se encontraba ejerciendo funciones de forma remota desde el exterior, en particular desde España”. Además, con un agravante, Laviano había sido autorizado a ello -siempre según el informe de López- por el director de Legales, Juan I. Waissman.
El Informe de Gestión señala que, de esta forma, “se encontraba al área en cuestión con un cúmulo de tareas desmesuradas que ocasionaba serios atrasos en las actuaciones en trámite, derivando en muchos casos a las prescripciones de las denuncias penales que deberían de haberse realizado con las consecuencias que son propias a tamaña desidia: perjuicio fiscal”. En términos más llanos, por la inacción -intencional o no-, la Ciudad dejaba de cobrarle impuestos a los contribuyentes más poderosos.
Una justicia más atenta y la auditoría que no se hizo
Frente a semejante panorama, la directora López pidió una Auditoría Interna de la AGIP en enero de 2024, la cual se tituló “Proyecto de Auditoria Imprevisto N° 1-UAIAGIP/24”. Más allá de la intención de realizarla, de lo que no participaba toda la AGIP, la misma no se realizó. Según el citado Informe de Gestión, “a la fecha -20 de mayo- no se han aproximado a quien suscribe los resultados de la misma”.
Sin embargo, como resultado del trabajo realizado, por lo menos existen una planilla de expedientes y denuncias realizadas, así como una auditoría del Departamento Penal Tributario (DPT) que da cuenta de las denuncias presentadas, muchas de las cuales después proscribieron por haber dormido en el cajón adecuado a tales fines.
Aunque esta información no fue hecha pública, Minuto de Cierre accedió a ella y hay grandes constructoras (no sólo vinculadas al macrismo, también al kirchnerismo), bancos, clubes de fútbol, automotrices, el Jockey Club Argentino, compañías de seguro, prepagas, droguerías, entre otros beneficiados por el olvido oficial. “Este esquema tiene por lo menos ocho años de antigüedad, sostenido por estructuras que siguen enquistadas y no nos dejaron avanzar”, confíesa un ex colaborador de Donati en la AGIP.
Con el cambio de mando político -Jorge Macri por Horacio Rodríguez Larreta-, también parece haber otra impronta en la Justicia porteña, generalmente alineada con el Poder Ejecutivo. Federico Jorge Taramelli, fiscal de primera instancia en lo Penal Tributario, estaría indagando sobre el tema. Hasta se comenta que tuvo una reunión infructuosa con el actual titular de la AGIP, Germán Krivocapich. Los que conocen el mundo de “Rentas” (antiguo nombre del organismo recaudador) apuntan que hasta este año la Justicia no se mostró muy interesada en estos temas.
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