Tweet 0 COMENTARIOS

La semana pasada, el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri desactivaron una banda que se dedicaba al juego ilegal y el contrabando de celulares, con base en Mar del Plata. El primero de estos ilícitos quizás no era conocido por sus propios usuarios, ya que la página web, que hoy parece todavía operativa (www.teambplay.com), simulada estar ligada al casino online legal BPlay, del Grupo Boldt. Hasta el logo de la Liga Profesional de Fútbol parece parte de un esquema creíble.

“Para la Justicia está claro que este grupo de personas no tenía autorización y además había creado la página www.teambplay.com, mediante la utilización fraudulenta de la marca “BPlay” perteneciente al grupo Boldt SA”, afirma una de las fuentes de la investigación. “Dos hijos de Fabián Di Julio (Franco y Gianluca) también quedaron imputados, por dirigir las actividades del negocio de iPhones y las oficinas de Independencia al 3100, y por conformar sociedades con el objeto de canalizar las actividades de juegos de azar”, agregó.

De acuerdo a una nota publicada por el diario marplatense La Capital, entre 2021 y mayo de este año, la banda contabilizó depósitos en criptomonedas por 8.800 millones de pesos. Al tipo de cambio vigente en cada momento, la friolera de entre 15 a 20 millones de dólares. Esos depósitos eran extraídos por diferentes miembros de la organización, o utilizados para importar celulares de contrabando.

 

El prófugo, el aduanero cómplice y un arrepentido que complicaría a todos

 

Fabián Di Julio, sindicado por la Justicia como el líder de esta organización, actualmente se encuentra prófugo. Según el diario La Capital, de Mar del Plata, “Fabián Di Julio era uno de los principales líderes u organizadores de esta banda dedicada principalmente a las actividades de venta de aparatos electrónicos y casinos on line”. Entre los imputados, según el mismo matutino, hay dos financistas (Lucas Andrade y Fabián Saraco), uno de ellos ya con una causa en la Justicia Federal por intermediación financiera.

Por otra parte, las maniobras, según la Justicia, habrían contado con un cómplice dentro de la Dirección General de Aduanas, el verificador Gabriel Beain, que desde su rol permitía ingresar con facilidad la mercadería. Además fueron acusados Alejandro Verón y Pablo Tubio por armado, montaje y comercialización de esos aparatos, mientras que Sebastián Coronel Olguín y Matías Cedrón participaron, según la Justicia, a través de la venta de teléfonos celulares por medio de locales y tiendas virtuales.

La situación de todos ellos podría complicarse si aparece un arrepentido. Esa es la información que llegó a Minuto de Cierre. Esta persona no sólo sería uno de los mayores damnificados, sino que además el pago que recibía por su función era exiguo. “Lo usaron de testaferro por una cifra que me da vergüenza decir. Está esperando que el juez o la fiscal lo convenzan para prender el ventilador”, apuntó uno de sus amigos, que pidió resguardo absoluto del nombre.