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No será tan famoso como el humor cordobés, pero los sanjuaninos tienen la dosis de ironía e ingenio bien combinada. En los últimos tiempos comenzaron a hablar de un “supermercado de DIAs”, en referencia al otorgamiento ligero de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos mineros que tienen más proyectos que inversores.

Sin importar cursos de agua, yacimientos arqueológicos o las rutas que pasen por allí, parece haber comenzado la era de los otorgamientos veloces. “Este permiso fundamental, que debería garantizar una explotación minera sostenible y responsable, parece haberse trivializado en su otorgamiento”, asegura uno de los especialistas del sector. “Yo también quería un cambio, cansado de la corrupción y la discrecionalidad de la Era Uñac; pero esto más que un cambio es una ampliación de vicios y defectos”, agregó.

El primer gran caso cuestionado del “supermercado de DIAs” es el de Hualilán, un proyecto que ni siquiera tiene credibilidad entre los inversores. Como anticipó ayer Minuto de Cierre, además que la DIA de ese proyecto se oculta, una resolución del Ministerio de Minería admitió que la misma fue otorgada, pero con 71 puntos de cuestionamientos, algunos con varios subtítulos adentro.

Desde hoy, a la DIA de Hualilán se suma la del proyecto “Los Azules”, pedido desde abril del 2023 por la empresa McEwen Copper a través de su subsidiaria local Andes Corporación Minera S.A. Según la versión oficial, el gobierno de la provincia en conjunto con el resto de los integrantes de Comisión Interdisciplinaria de de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) realizó la evaluación técnica del Informe de Impacto Ambiental (IIA) priorizando el intercambio ágil de información y la revisión exhaustiva. Las observaciones y requerimientos fueran resueltas con rapidez, culminando en la elaboración del Informe Final Único (IFU) en menos de un año, hecho sin precedentes en evaluaciones anteriores.

Tanta rapidez se vuelve mérito para algunos y defecto para otros. Según esta otra campana, este proyecto para la explotación de cobre se ubica en un área crítica donde están las nacientes del río San Juan, lo cual plantea serios desafíos ambientales. Un tema que las versiones oficiales soslayan u ocultan.

 

El “supermercado” y la “privatización” del ministerio

 

Así como hay unos pocos favorecidos -Hualilán y Los Azules, por ahora-, aparecen voces disconformes dentro del sector minero, tanto de empresas grandes como de consultores expertos. En principio, apuntan a la decisión política del gobernador Marcelo Orrego, como también del ministro Juan Pablo Perea, en cuanto al otorgamiento de DIAs cuestionables.  

Perea maneja las áreas clave del Ministerio de Minería con su esposa, su cuñado y un amigo de hace mucho tiempo. Los primeros son María Laura Bastias y Hugo Emilio Bastias respectivamente, ambos abogados. El trío más mentado de Perea se completa con Eduardo “El Chileno” Machuca, ex presidente del Instituto para la Exploración y Explotación Minera ( IPEEM) hasta el año pasado, donde supuestamente juntos desviaron 750 millones de pesos sin destino comprobado.

La “sociedad” Perea-Bastias-Machuca funciona de la siguiente manera. El empleado de Informática, Gustavo Quiroga, amigo del cuñado Perea, informe cuáles son las áreas de expedientes antiguos sin movimiento, en los cuales sus antiguos propietarios no fueron notificados de nada. Luego, la información es enviada a interesados en esas áreas, en las cuales posiblemente los antiguos dueños hayan fallecido.

El final del proceso, probablemente con nuevos dueños, se consuma con la escribana especialista en minería Fernanda Llarena, de íntima confianza de “El Chileno” Machuca. “Manejan la información confidencial antes que se mueva en el sistema informático, Hugo y María Laura -Los Bastías- anotan, y luego avisan a sus amigos”, señala una fuente del sector.