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Todos los números, que se conocieron cuando el tema quedó en manos de Sergio Massa, y se presentó el consecuente proyecto de ley en Diputados, desaconsejaban la medida. Sobre más de 4 millones de monotributistas (exactamente 4.080.151), casi la mitad registran deuda: 1.955.832. Por otra parte, el 64% de los mismos, más de 2,6 millones, se concentran en las dos categorías más bajas, A y B.

Si todo ello no fuera suficiente para desaconsejar el cobro retroactivo a enero, la incidencia fiscal es muy baja. Durante el 2020, el monotributo representó apenas el 1,12% de la recaudación total de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Frente a este panorama, el subdirector general de Recaudación, José Antonio Bianchi, elaboró un informe -que hasta ahora nadie quiere filtrar- que no consideraba recomendaba el pago retroactivo a enero de las cuotas del monotributo, con la consecuente deuda que ello iba a generar para los contribuyentes.

Ante esa negativa, que en realidad no es un dictamen vinculante sino la recomendación técnica de esa subdirección, Marcó del Pont armó un equipo de “leales”. Para ello comenzó con Julián Ruiz, el subdirector general de Fiscalización nombrado por ella en febrero de 2020. A pesar de no tener trayectoria en la AFIP, el contador Ruiz ingresó al cargo clave que significa una de las 10 subdirecciones que dependen directamente de Marcó del Pont.

El “coronel” (así llaman en la AFIP a los subdirectores) registra un pasado en redes sociales crítico de la AFIP, defendiendo un clásico de la postura empresarial: el rechazo a todo tipo de impuestos. Por otra parte, aunque el dato se maneje de forma muy reservada, dentro del propio organismo lo investigan por su rol durante los primeros meses del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que pagaba hasta la mitad del sueldo a los trabajadores durante los meses más duros de la pandemia en 2020. “Cuando el ATP dependía de Ruiz, se pagaba alrededor del día 15, quizás antes si le pagabas asesoramiento a dos estudios jurídicos en particular. Cuando el programa pasó a (la dirección de) Seguridad Social, comenzó a pagarse entre el 5 y 10”, confesaron dos fuente de la AFIP.

Una vez agenciado el leal Ruiz para la medida ordenada por Marcó del Pont, el mismo convocó a una reunión en su oficina. Como le costó encontrar funcionarios que avalaran la medida, terminó “echando mano” a dos que revistan formalmente en otras áreas. El más sorprendente, desde este punto de vista, fue Guillermo Fernández Lobbe, cuyo DNI es 28.692.962 y figura como Director de Fiscalización y Operativa Aduanera, cuando el tema monotributo corresponde a la DGI. 

De todas formas, aunque ese sea su cargo actual según el registro de personal de la AFIP, en noviembre del 2020 fue designado como director interino de Análisis de Fiscalización Especializada. En la Disposición que lo designó, la 182/2020, también fue nombrada Andrea Picasso, una funcionaria que fue desplazada de su cargo luego que una nota de Minuto de Cierre revelara su pasada militancia en Juntos por el Cambio: https://www.minutodecierre.com/nota/2021-3-15-12-12-0-andrea-picasso-la-fervorosa-militante-de-cambiemos-que-ahora-es-directora-de-fiscalizacion-de-la-afip. En los pasillos de la AFIP también se lo apunta a Fernández Lobbe como simpatizante de Juntos por el Cambio.

Con Ruiz y Fernández Lobbe apuntalando la medida, se sumó al terceto que la diseño otro recién llegado (más todavía que el primero) al organismo. Se trata de Alfredo Alberto Iñiguez, proveniente del Banco Central, donde conoció a Marcó del Pont, fue presidente de la entidad entre 2010 y 2013. Iñíguez fue nombrado, mediante la Disposición 69/2021, de mayo pasado, como director interino de la Dirección de Coordinación de Investigaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

El cargo depende de Planificación, otra subdirección que depende directamente de la administradora federal. Aunque en la plantilla de personas actual de la AFIP figura como parte de la subdirección general de Coordinación Técnico Institucional. La misma está a cargo de Juan Capello, un imprescindible para Marcó del Pont, que durante el gobierno de Macri formó parte del “lawfare” contra Oil Combustibles, que llevó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa a prisión.