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Se trata de la resolución general 4838, la cual, según los contadores, "viola el secreto profesional". El recurso se presentó ante el juzgado en lo contencioso administrativo número 11, a cargo de Cecilia Madariaga de Negre

La Federación dijo esperar una "pronta" resolución judicial, porque la norma empezará a regir el 29 de enero próximo. Si en primera instancia no se acepta el amparo, los contadores podrían presentar un recurso ante la Corte Suprema.

El Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, en paralelo con los otros 23 que integran la FAPCE, solicitó la medida cautelar ante la justicia federal hasta tanto se resuelva el Reclamo Administrativo presentado ante la AFIP.

La resolución de la AFIP dispuso la implementación del "Régimen de Información de Planificaciones Fiscales", que según la presidente del consejo porteño, Gabriela Russo, "generó preocupación por las implicancias en materia de responsabilidad profesional y transgresión de derechos que surgen de la misma".

En un comunicado, Russo advirtió que la resolución "viola el acuerdo profesional y confidencial entre asesor y cliente, tiene vicios de retroactividad, y va en contra de la Constitución y de varios tratados internacionales". Explicó que de la obligación para los contadores de "brindar información sobre las estructuras nacionales no existen antecedentes, e incluso no es solicitado en ninguno de los regímenes vigentes en el mundo".

Cuestionó que "la figura del asesor fiscal tiene una gran carga en materia de responsabilidad profesional, pero en la normativa es muy poco preciso el concepto del sujeto obligado a ejercer dicha tarea informativa".

Sobre el secreto profesional, la entidad señaló que el nuevo régimen "dispone que quienes se abstengan de brindar los datos requeridos, deberán notificar al contribuyente mediante el sitio web de la AFIP".

Dijo que de ese modo "se vulnera la confidencialidad del vínculo entre profesional y cliente y, además, el secreto profesional constituye un derecho propio del ejercicio de profesionales en Ciencias Económicas, que solo debería verse afectado en instancias judiciales". Russo aclaró: "No defendemos a ninguna empresa, si no el secreto profesional, que es un principio respetado en la Constitución".