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El Gobierno dispuso mayores controles a los candidatos a jueces, que para ser designados primero deberán superar un minucioso análisis de la AFIP sobre sus patrimonios, consistencia de sus declaraciones juradas, cuentas e inversiones.

Así lo determina el decreto 491/2018 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia Germán Garavano. De ahora en adelante quienes se anoten en los concursos para aspirar a juez deberán haber pasado una prueba del organismo recaudador, que analizará sus bienes, sus declaraciones de impuestos y su patrimonio.

El decreto modificó otros dos anteriores (el 588 y el 222) en los que ya estaba previsto un informe de la AFIP. Hasta el momento se analizaba si los postulantes registraban o no deudas fiscales, mientras que ahora habrá un informe mucho más profundo sobre el patrimonio y la consistencia de las declaraciones juradas.

La medida alcanza a quienes se anoten como candidatos, a los pliegos que se elevaron al Poder Ejecutivo pero todavía no llegaron al Senado y a los que están bajo análisis del Consejo de la Magistratura. La información permanecerá protegida por el secreto fiscal y quedará en manos del Ministerio de Justicia.

El decreto se dispuso después de la renuncia del camarista Jorge Ballestero, en momentos en que era investigado por la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito, además de la destitución de Eduardo Freiler, que fue uno de los jueces con mayor patrimonio de los tribunales federales de Comodoro Py.