La advertencia del Gobierno ante la presencia de "barras bravas" en la marcha de jubilados
El Gobierno nacional anunció que implementará medidas especiales de seguridad ante la marcha de jubilados programada para el miércoles 12 de marzo. Ante la posible presencia de hinchas de fútbol en la movilización, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, decidió reforzar los controles en los alrededores del Congreso Nacional.
La advertencia del Gobierno ante la presencia de "barras bravas"
A través de un comunicado oficial difundido en la cuenta de X (ex Twitter) del Ministerio de Seguridad, las autoridades informaron que se aplicarán controles estrictos. En el mensaje, el Ejecutivo se refirió a la manifestación como "la marcha de las barras bravas", en alusión a la participación de hinchas que acompañarán a los jubilados en la protesta.
Desde el Gobierno dejaron en claro que actuarán con firmeza frente a cualquier acto de violencia que se produzca durante la manifestación. En este sentido, remarcaron que se aplicará el derecho de admisión, lo que podría impedir a quienes alteren el orden público ingresar a eventos deportivos en el futuro. Además, advirtieron que quienes participen en disturbios o hechos violentos serán detenidos y enfrentarán sanciones contempladas en el Código Penal.
Críticas desde la oposición a la advertencia del Gobierno
Las medidas anunciadas generaron rechazo en algunos sectores opositores, que cuestionaron las declaraciones del Ministerio de Seguridad. Desde la oposición consideraron que las advertencias de la ministra Bullrich representan una "amenaza" contra los manifestantes y acusaron al Gobierno de intentar criminalizar una protesta legítima.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo sostuvo que garantizar el orden público es una prioridad y recordó que cualquier interrupción de los servicios públicos o actos que afecten la seguridad ciudadana serán sancionados conforme a la ley. En este sentido, el artículo 194 del Código Penal establece penas de prisión de entre tres meses y dos años para quienes obstruyan el funcionamiento de los transportes o servicios esenciales.
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