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Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, emitido durante la presidencia de Alberto Fernández, que obligaba al Estado a contratar exclusivamente pólizas de seguro con Nación Seguros.

Esta medida, publicada el miércoles por la madrugada, responde a un contexto de denuncias de presunta corrupción vinculadas a la contratación de seguros durante el mandato anterior. El nuevo decreto, DNU 747/24, busca eliminar las ventajas otorgadas a la empresa estatal en ese entonces y desregular varios aspectos relacionados con el manejo de bienes y servicios en el sector público.

Detalles del DNU 823/21

El DNU 823/21, firmado el 2 de diciembre de 2021, establecía que todas las jurisdicciones y entidades del Estado comprendidas en la Ley de Administración Financiera N° 24.156 debían contratar sus pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., una compañía estatal. Esta decisión generó controversias desde el comienzo, siendo criticada por favorecer monopolios estatales en detrimento de la libre competencia.

En su momento, el decreto fue justificado como una medida para centralizar y optimizar el manejo de los seguros estatales, aunque los cuestionamientos por el supuesto uso discrecional de los recursos no tardaron en aparecer.

El decreto también fue el origen de un escándalo por presunta defraudación al Estado. Se acusa al expresidente Alberto Fernández y a funcionarios cercanos de haber utilizado la contratación obligatoria de Nación Seguros para beneficiar a personas y entidades vinculadas a su administración, lo que generó investigaciones judiciales en curso.

Derogación del DNU

El nuevo decreto 747/24, firmado por Javier Milei y publicado el 20 de agosto, deroga el DNU de Alberto Fernández y establece un plazo de un año para que todas las entidades del Estado rescindan cualquier contrato o convenio que otorgue preferencias o beneficios a ciertas empresas o entidades. En su artículo 6º, especifica que las instituciones estatales deben desvincularse de cualquier acuerdo que otorgue ventajas indebidas en la provisión de servicios, entre ellos, la contratación de seguros.

Además de la contratación de pólizas con Nación Seguros, el decreto de Milei también deroga otras disposiciones que limitaban las opciones del Estado en relación con el uso de servicios estatales. Entre las más destacadas se encuentran la eliminación de la obligación de que los sueldos de empleados públicos fueran abonados exclusivamente por el Banco Nación, que los funcionarios debieran viajar únicamente con Aerolíneas Argentinas y que la nafta de los vehículos oficiales se adquiriera exclusivamente en estaciones de servicio de YPF. Estas medidas habían sido implementadas bajo el mismo razonamiento de fortalecer empresas públicas, pero fueron percibidas como restricciones al libre mercado.