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En un gobierno que pregona como dogma que “no hay plata”, al funcionario Pedro Scarpinelli le inventaron una designación retroactiva al 18 de enero, con lo cual consiguió cobrar un retroactivo de casi 15 millones de pesos. Todo ello con la protección del secretario de Transporte, el cordobés Franco Mogetta, pero con las firmas del propio presidente, Javier Milei, así como la del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Eso se rubricó a través del decreto 419/2024, publicado en el Boletín Oficial del 21 de mayo. El mismo designa al licenciado Pedro Scarpinelli “a partir del 18 de enero de 2024, en el cargo de Subdirector Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”. Lo curioso de esta designación es que, desde comienzos del gobierno libertario, Scarpinelli apareció públicamente como director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

De esta forma, con el decreto 419, el Gobierno le cubrió el tiempo durante el cual supuestamente ejerció el rol anterior. Así, Scarpinelli cobró un retroactivo de casi 15 millones de pesos en concepto de sueldo. Sin embargo, más allá del enmascaramiento de roles -formalmente en la CNRT, fácticamente en la ANSV-, el problema es que pocos vieron trabajar a Scarpinelli en este organismo exceptuando algunos días de diciembre.

 

La protección de Mogetta, gastos superfluos, ¿conflicto de intereses?

 

En el revoleo de cargos que significó -¿sólo en tiempo pasado?- el actual gobierno, Scarpinelli desembarcó durante diciembre en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, sus frecuentes exigencias -más que pedidos- de sushi, choferes para él y personal de prensa propio para designar familiares, desembocaron en un rápido deterioro de la relación con el personal de carrera del organismo.

Los modos y prácticas de Scarpinelli enojaron a tanta gente, que el pasado 4 de junio, radicaron una denuncia en su contra en la Oficina Anticorrupción. La misma habla de supuestos “fraude en perjuicio de la administración pública; peculados de trabajos y servicios; tráfico de influencias; amenazas”. Por supuesto que todo ello deberá probarse, pero los denunciantes se tomaron su tiempo -desde el enojo de diciembre hasta ahora- para acumular carga probatoria.

Scarpinelli es un protegido de Franco Mogetta, un cordobés que llegó a la Secretaría de Transporte de la mano del peronismo que gobierna esa provincia, que supuestamente iba a aportar votos de diputados y senadores a la originalmente denominada “Ley Ómnibus” o ¨Ley Bases”. Tras el primer rechazo legislativo de la misma, salieron eyectados del Gobierno “cordobesistas” como Osvaldo Giordano, que era titular de la ANSES. En cambio, Mogetta sobrevivió y sigue en su cargo.

Su habilidad para sobrevivir a los vaivenes políticos es análoga a la de su amigo Scarpinelli. En otros tiempos -no tan lejanos- fue considerado parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta y ferviente opositor de Patricia Bullrich, opositor de todos los libertarios desde el presidente hacia abajo. Sin embargo, los consejos y buenos oficios de Guillermo “Guillo” Dietrich lo hicieron acercarse a Nicolás Posse, transformándose rápidamente en un libertario de toda la vida.

Con Posse ya fuera del Gobierno, Scarpinelli sobrevive hoy de la mano de Mogetta, porque le manejó parte de sus negocios en Catamarca. Según la denuncia presentada ante la OA, tiene empresas de transportes en esa provincia, lo que representaría un claro conflicto de intereses.

Por otra parte, Scarpinelli es socio de Lucila Capelli, consultora de transporte. Entre el desconcierto general, y la renuncia de la titular de la ANSV, Daniela Ortiz, Mogetta aprovechó para que su socio tome el control de una agencia clave y siga trabajando en el Estado.