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Esta semana, inclusive con su presencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el nuevo director general de Aduanas ordenó un fuerte control de inventario -en los hechos, una auditoría interna- sobre el Courier que allí funciona. La sospecha es que estaban “bagalleando” desde empresas nacionales, hasta importantes firmas internacionales. Es decir, importaban alta tecnología y/o mercadería valiosa declarando los máximos permitidos de 50 kilos y 3.000 dólares, pero vulnerando claramente este último punto.

La auditoría ordenada desde Casa Matriz, que Minuto de Cierre anticipó el viernes pasado (https://www.minutodecierre.com/nota/2024-11-8-20-11-0-la-aduana-ordeno-un-sorpresivo-control-de-stock-sobre-courier-sospechan-que-sacan-mercaderia-temprano-y-maneja-todo-lo-hermana-de-lodovico), está por arrojar resultados sorprendentes. Sin embargo, más allá de esto, existe otro canal aduanero que funciona de modo similar a “Courier”, aunque en menor medida. Se trata de Encomienda Postal Internacional (EPI), que funciona en la sede del Correo Argentino ubicada en la famosa avenida -por otro motivo, el judicial- Comodoro Py, en el porteño barrio de Retiro.

Este sistema permite importar hasta 20 kilos, por un valor máximo de 3.000 dólares, en cada año calendario. Pero, como las normas escritas están para romperse en la Argentina, con la ayuda de funcionarios corruptos, las declaraciones son falseadas, principalmente mediante tres motivos. Como el límite es por persona, se inventan importadores que en realidad prestan su nombre a organizaciones empresarias. Por otra parte, “los 20 kilos pueden ser 30 o más, porque las balanzas no funcionan o el guarda mira para otro lado”, cuenta alguien que trabajó allí. En cuanto al límite de 3.000 dólares anuales, no se controla ni se cumple, como marca el ejemplo de las minadoras de criptomonedas en el furor de la energía barata (principalmente 2021 a 2023

La mercadería que llega a través de EPI, sin el control adecuado, puede configurar delitos que van desde fraude marcado hasta tráfico de drogas en pequeña escala, o de materiales prohibidos. La carencia de controles anterior, y el resultado que da tenerlos, se evidenció en enero de 2023, cuando -ya en la gestión de Guillermo Michel- se encontró una calavera dentro de una encomienda postal (https://www.minutodecierre.com/nota/2023-1-12-12-2-0-la-aduana-encontro-una-calavera-en-una-encomienda-postal). 

Como si todo ello fuera poco, el sistema funciona con dos categorías diferenciadas. Los envíos normales, que suelen tardar 30 días, son atendidos por los guardas destinados allí sin ningún favoritismo. En cambio el Express Mail Service (EMS), que puede traer mercadería desde Miami en 48 horas, es atendido por los guardas con mayor llegada al poder político y/o las jerarquías de la Aduana en cada gestión.

 

“Tato” y “Perita”, los modelos que Velis quiere desterrar.

 

Luis Antonio “Tato” Bocassi manejó EPI durante muchos años, hasta el último cambio de gobierno, mientras además era el esposo de la ascendente -directora, luego subdirectora general, después la 1 del organismo, y luego otra vez subdirectora- Rosana Lodovico. Con un movimiento de pinzas perfecto, entre esta pareja, y la otra de la familia -Alejandra Lodovico, todavía en Ezeiza, y su esposo Alejandro Lucano- manejaban Courier y EPI como un feudo. Ellos decidían quién podía operar en grande y quién, además de tener operadores informales -de mayor o menor nivel- para negociar esto con los importadores.

Durante su gestión en EPI, Bocassi acumuló escándalos, algunos documentados y otros no. Entre los últimos, un divorcio millonario, muy por encima de su sueldo, al separarse de su primera esposa y luego unirse a Lodovico. Pero también están los documentados. Aparte del juicio que enfrenta Lodovico por haber declarado un préstamo de 250.000 dólares por parte de una empresa contrabandista; Bocassi fue cubierto a medias por distintos hechos del 2021 y 2022.

El más sobresaliente fue cuando, en medio del cambio de mando político en la Aduana -se fue Silvia Traverso, asumió Guillermo Michel-, se descubrió que en EPI había entre 700 y 1.000 cajas -según la versión escuchada- sin documentar ni declarar. En agosto del 2021, casi 50 cajas con minadoras de criptomonedas terminaron con una inspección de Policía Aduanera, según contó Minuto de Cierre en primicia (La “Policía Aduanera” inspeccionó el Correo de Retiro por las mineras de bitcoin: el informe oficial y las dudas que se plantean los investigadores).

Casi un año después, circuló el dato de que había hasta 1.000 cajas de material y destino desconocidos. Con el reflotamiento de una norma del 2014, los altos mandos de la Aduana hicieron la vista gorda y se agendaron un favor que le debía Bocassi. Tiempo después no lo suspendieron, aunque había una denuncia por temas personales en su contra -corresponde hacerlo si ello ocurre-, y ya los favores fueron dos. Por lo menos.

En la actualidad, algunos apuntan que Bocassi sigue manejando EPI, apoyándose en su amistad de larga data con un sector de la Policía Federal Argentina (PFA). Pero otros señalan que su declive comenzó inclusive antes que el de su ex esposa -Lodovico- cuando la misma llegó al cargo más importante del organismo.

El otro caso emblemático, y ejemplo de lo que Velis quiere desterrar de la Aduana, es el de Isaac, “Isaquito” o “Perita”, de quien nadie quiere decir su apellido pero sí hay foto, que se publica aquí debajo. Se lo ve prácticamente a diario por EPI, ofreciendo facilitar y destrabar gestiones. Por ejemplo, consiguiendo prestanombres para justificar envíos, o “aceitando” guardas y autoridades para que todo funcione bien.

Como además tiene muchas conexiones, también frecuenta a veces la Aduana de Ezeiza. Allí se lo vio en conversaciones con Lorena Reynard, nada menos que la Jefa de Fiscalización en Control de Equipaje. Reynard, cuyo padre tenía un depósito fiscal en Ciudad Evita que terminó cerrado por irregulares, fue vista haciendo pasar a “Isaquito” por la puerta del personal aduanero sin registrarse, para que no quede evidencia de su presencia en Equipaje. Se estima, sin embargo, que las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) registraron este hecho varias veces. Si esos momentos están guardados, podrían servirle a las nuevas autoridades de la Aduana, o inclusive a la Justicia si hay más pruebas que eso.