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Por Carlos Arbía

La demanda contra YPF se inició en abril del 2015 cuando el fondo buitre Burford le reclamó a la petrolera estatal por los daños que el pago a la empresa española Repsol le provocó al 49 por ciento restante de los accionistas de la empresa luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidiera nacionalizarla en abril del 2012.

Burford no tenía acciones de la compañía pero como le compró el juicio al Grupo Petersen de la familia Eskenazi se pudo presentar como damnificado en los tribunales de Nueva York para demandar a YPF. Finalmente el fondo logró la semana pasada ganar en primera instancia el juicio a YPF por 16.000 millones de dólares. El 22 de octubre se conocería la sentencia definitiva de la Corte de Nueva York, que tiene algunos aspectos difíciles de explicar, pero que constituye el juicio más caro de la historia economía argentina pagado por una empresa estatal o privada.

Es un gran misterio saber quiénes son los dueños de los derechos que Burford vendió a otros fondos mientras se desarrollaba el juicio y el valor de la demanda aumentaba.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que se realizó la expropiación de YPF sin realizar la obligatoria Oferta Pública de Acciones(OPA), tal cual figuraba en el estatuto definido cuando se privatizó la empresa en 1993, durante el primer gobierno de Carlos Menem, del Partido Justicialista, que había ganado las elecciones presidenciales en mayo de 1989.
 
En ese estatuto, el Estado argentino se compromete a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de acciones de la petrolera obligaba a hacer una oferta pública de las acciones en el mercado bursátil de Nueva York. Esto fue incumplido cuando la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron la expropiación de la compañía al Grupo Repsol.

En varios estudios de abogados de Nueva York se comenta sobre un intrincado proceso con ramificaciones que incluyen a políticos, banqueros y empresarios armado por el Grupo Eskenazi que se beneficiaría con el 30 por ciento de ese pago. Ese monto de unos 4.000 millones de dólares lo podría utilizar para levantar la quiebra de sus empresas en España y quedarse con unos 2.000 millones de dólares lo que se podría considerar como la mayor estafa de un grupo empresario contra el Estado de toda la historia argentina y con pocos antecedentes en el mundo, de acuerdo a lo que se informa en un documento de inversores privados que se presentaron como damnificados por la estatización de la petrolera.

Esto se debe a que la empresa Petersen Energía SAU en liquidación en España es la contolante comprobada que recibiría unos 4.000 milones de dólares, que representa el 30 % de lo que debería pagar YPF al fondo Burford. Lo que se distingue es que todas las empresas Petersen fueron constituidas unos pocos meses antes de participar en operaciones vinculadas con las acciones de YPF.

En relación a la operación de compraventa del 2008, vemos que Petersen Energía SAU se constituyó apenas unos pocos meses antes. Con tan solo un capital de 60.000 euros, sin empleados, sin actividad cierta, ni patrimonio y sin antecedente alguno en la industria petrolera, recibió creditos por 2.235 millones de dólares. Sumado a ello, declaran como titular de sus acciones a una empresa llamada Petersen PTY LTD, constituida en Australia -también unos pocos meses antes- cuyas acciones eran al portador.

En cualquier caso, la operación en relación a todos estos antecedentes y más, que veremos seguidamente, debió cuando menos ser reportada como sospechosa por los bancos intervinientes. Del análisis de la operación surge que el único antecedente que tenían las empresas del Grupo Petersen para participar en la millonaria operación del 2008 era los estrechos vínculos que mantenía la familia Eskenazi con los Kirchner y, derivado de ello, su vinculación con el Credit Suisse y los fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz, depositados en dicho banco suizo. Inclusive ninguno de los miembros de la familia Eskenazi tenía antecedente en la industria petrolera.

El ingreso de las empresas Petersen a YPF fue un fraude y hay que destacar que las empresas Petersen fueron constituidas de la siguiente manera: Petersen Energía S.A.U (España) se constituyó en julio de 2007, Petersen Energía PTY LTD (Australia) en octubre de 2007, Petersen Energía Inversora S.A.U (España) en marzo de 2008, Petersen Energía Inversora Holding GMBH (Austria) en mayo 2008, Petersen Inversiones Spain S.A.U (España) en diciembre de 2009, y Petersen Energía Inversora Holding S.A.U (España) se constituyó en marzo de 2011 para armar un conglomerado espejado  de empresas que finaliza con una con domicilio en Austria.

La cronología indica que en el 2008 se produjo el ingreso de la empresa Petersen Energía SAU a YPF mediante una inusual y sospechosa operación de compraventa venta accionaria, carente de fundamentación económica y jurídica, en la cual esta empresa adquirió inicialmente el 15% de las acciones de YPF de parte de Repsol y este grupo obligado por el gobierno de Néstor Kirchner le prestó el dinero para comprarlas. 

Luego entre 2008 hasta abril de 2012 se produce la fraudulenta gestión llevada a cabo en YPF por parte de las empresas Petersen y sus directores, entre ellos los miembros de la familia Eskenazi, obteniendo millonarios e ilegales beneficios de YPF, mediante la apropiación de sus activos, dejando a esta empresa al cabo de 4 años, colapsada económica, financiera y productivamente. Entre otras cuestiones, los extravagantes términos de los acuerdos suscripto para el ingreso de las empresas Petersen a YPF en el 2008 y 2011 forma de pago de los créditos, garantías, etc,  fueron una de las principales causa del mencionado colapso.

Entre el 2012/2016 se produce el encubrimiento y complicidad de los gobiernos y directores de YPF quienes incurrieron en prácticas ilegales con la única finalidad de encubrir a las empresas Petersen y a los Eskenazi, y facilitarles el millonario reclamo ante la Corte de New York.

El Estado argentino, los demandantes y los beneficiarios ocultos tras el reclamo ante la Corte de New York se pusieron de acuerdo al “mal defender” a YPF en sus presentaciones realizadas ante la mencionada Corte de Nueva York. Se omitieron presentar las defensas que dan cuenta del fraude a YPF y accionistas minoritarios, entre ellos inversores americanos, perpetrado por las empresas Petersen y los Eskenazi, interponiendo defensas técnicas a sabiendas de la escasa o nula probabilidad de éxito y principalmente en denunciar que la demanda en cuestión es la parte final del fraude, y que para ello estarían utilizando ilegalmente la jurisdicción americana contra una empresa extranjera que cotiza sus acciones en el NYSE y una porción significativa de las mismas están en manos de inversores americanos, entre ellos, fondos mutuos, fondos de pensión,etc.