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La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la estatización de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner en el año 2012 durante su segundo mandato. La decisión se hizo esperar más de siete años tras un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos. La causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

El fallo resultó favorable para la petrolera de bandera, no así para la Nación Argentina que deberá seguir en la puja contra el fondo Burford, cuyos derechos fueron reconocidos este viernes por el tribunal. Este fondo compró el derecho a litigar a empresas privadas, que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas. 

Preska asegura que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República”. También afirma que merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Según la magistrada, las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

La cifra que podría pagar el Estado argentino

La demanda podría tener un costo que va desde los U$S8.500 millones y hasta los U$S20.000 millones, de acuerdo a un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio. .

Tras darse a conocer el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento, mientras que el papel de YPF experimentaba un alza de 2 por ciento.

En medio de un contexto de escasez de dólares, un fallo final adverso podía tener fuertes implicancias económicas. 

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privados de la petrolera. Se trata de Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina. El eje central de la causa se dio en torno a que en su momento éstos argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol.