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El conflicto que llevó a la suspensión de las elecciones en Boca, atravesado por una interna encarnizada entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri y que comenzó con la denuncia por supuestas irregularidades en el padrón electoral, reforzó las sospechas en relación a los vínculos del macrismo con el Poder Judicial.

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La situación continúa en suspenso y se espera la definición de la Justicia para este martes o miércoles. En el caso de que falle a favor de Boca, las elecciones se llevarían a cabo el 17 de diciembre, la última fecha disponible por el calendario para hacerlas (el 24 es Noche Buena y el 31 es la víspera del Año Nuevo). 

Una grieta profunda

Los comicios del club debían llevarse a cabo el primer fin de semana de diciembre. Los socios del xeneize debían votar por alguna de las fórmulas que compiten, la oficialista integrada por Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la opositora encabezada por Andrés Ibarra, junto a Macri como candidato a vicepresidente de la institución deportiva. La tercera opción que aparecía con más fuerza era la liderada por Jorge Reale, quien impulsaba el proyecto de una nueva Bombonera en Isla Demarchi, pero cerca de la fecha de oficialización de las listas anunció que bajaba su candidatura. "La grieta que atraviesa nuestro club en estos días se agudizó y no hay lugar para nosotros en esta contienda", argumentó. 

El 24 de noviembre, una semana antes de la fecha estipulada para las elecciones en Boca, Ibarra se presentó ante la Justicia y denunció irregularidades en la confección del padrón electoral, al tiempo que solicitó la postergación de los comicios. Cuatro días después, la jueza Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 ordenó "suspender el acto de elecciones" en el club de la ribera.

La denuncia por irregularidades en el padrón

Según el exPresidente de la Nación y el otrora ministro de Modernización, entre agosto y diciembre de 2021 ingresaron alrededor de 13 mil socios activos nuevos al club saltándose a los adherentes que tenían prioridad para subir por cumplir con la antigüedad adecuada. El agravante es que solo 65 se dieron de baja en ese período, lo que deja una proporción notoriamente desequilibrada.

"Quien se presenta como candidato a autoridad en la elección de renovación, esgrime la existencia de anomalías e irregularidades que viciarían el acto de elección de renovación de autoridades de la asociación en la que participaría y muy próximo a llevarse a cabo y por las cuales solicita, junto con otro socio, la suspensión del acto bajo el objeto de depuración del padrón y exclusión de socios en la categoría que correspondiere”, precisa el escrito. Y remarca que “no es posible entender por qué ha tenido lugar una incorporación masiva de socios a la categoría de activo pleno, en un período muy definido -en el año 2021-”.

El club cuenta con cerca de 350 mil socios entre los plenos y adherentes, pero no todos pueden votar: quienes están habilitados para sufragar son aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad, mientras que los adherentes, que pagan la mitad y están en una lista de espera para pasar a ser socios plenos, no cuentan con ese derecho.

A través de un comunicado, el club acusó a la oposición de no querer dejar votar a los socios: “En diciembre de 2019 había 115.123 socios activos, y les respetamos su derecho a voto; ahora hay 114.665, es decir que el club tiene actualmente menos socios de los que había en 2019, no habiendo nada irregular, demostrando una vez más que lo único que quiere la oposición es que los hinchas no voten”.

Después del intento fallido de conciliación que tuvo lugar el jueves de esa semana, las autoridades del club apelaron la resolución dictada por Abrevaya, plantearon la nulidad del pronunciamiento y recusaron a la jueza, quien tuvo que apartarse de la causa tal cual lo indica el procedimiento en el fuero civil. El mismo marca que cuando un magistrado es recusado deja de intervenir hasta tanto la Cámara confirme si sigue o no a cargo del expediente, y debe enviar el caso a sorteo para que otro juez intervenga. Previo a seguir el procedimiento, la magistrada resolvió una nulidad presentada por el oficialismo contra su decisión, y la rechazó, con lo cual la elección permaneció suspendida. 

Los vínculos de Macri con la Justicia

Abrevaya se desapoderó del caso durante unos días, y en su lugar fue designada por sorteo la jueza Analía Romero. Pero lejos de calmar los ánimos, esta designación renovó los cuestionamientos y las sospechas del oficialismo de que la oposición macrista sigue manejando por detrás los hilos judiciales para que se vote recien en marzo de 2024.

El domingo, los hinchas de Boca que siguen al oficialismo se convocaron a marchar en protesta por la suspensión de las elecciones. Riquelme estuvo allí como uno más entre la multitud que se movilizó desde el Parque Lezama hasta la Bombonera. “No nos pueden intervenir el club” fue una de las frases que dejó Riquelme, quien luego apuntó contra Macri: “El señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar”.

Algunos sectores oficialistas, fortalecidos tras la marcha del domingo que congregó a más de 20 mil socios e hinchas boquenses, salieron rápidamente por las redes sociales a desconfiar del nombramiento de la jueza Romero. Sostienen que se hizo socia activa del club el 5 de julio de 2013 durante la gestión presidencial de Daniel Angelici sin haber sido antes socia adherente y que su nombramiento como magistrada data de 2018 cuando Macri era el presidente de la Nación.  

 

Como ella era socia del club y no podía asegurar su completa imparcialidad, decidió excusarse, por lo que el caso pasó a Sebastián Font. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó aquella recusación de Abrevaya, quien seguirá a cargo de la investigación en caso de que la Justicia le de la derecha.