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El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que dispuso "reasignar" fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación. 

El primer mandatario anticipó la decisión a través de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, donde explicó que se utilizarán bonos para ejecutar los pagos.  

Además anunció que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

El anuncio del presidente Alberto Fernández 

En los mensajes publicados consignó que el Estado nacional había sido "notificado" de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles pasado, por lo que señaló que ordenó reasignar los "únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual "se utilizarán bonos TX31".

"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", expresó el mandatario.

El mandatario puntualizó que las "políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas".

En paralelo, apuntó que el "actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento".

El mandatario planteó que "ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley".

En este punto y en línea con lo que había anticipado luego de una reunión que mantuvo con 14 gobernadores tras el fallo, el Presidente informó hoy que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un "recurso de revocatoria 'in extremis' contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta".

"Además -precisó-, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".

El jefe de Estado puso de relieve, asimismo, que las "decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas".

En ese contexto, aclaró que, "respetuoso del Estado de derecho", buscará "revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer".

"También debo respetar las leyes vigentes", sostuvo y, luego, citó: "El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto".

En este punto, el mandatario advirtió que "ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos".

Por eso, instruyó a la Jefatura de Gabinete para que "reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA", y anticipó que "se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos".

"Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".

Sobre este punto, explicó que los bonos consignados "ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe" y añadió que, "siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda".

Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en "sesiones extraordinarias" y que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22".

"Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", sostuvo el jefe de Estado.

Rechazo al pago con bonos y demanda penal del Gobierno porteño

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, el Gobierno porteño anunció que presentó este lunes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para informar sobre "el incumplimiento" del Gobierno Nacional del fallo que ordenó restituir el 2,95% de los fondos coparticipables y rechazó el pago en bonos anticipado por Casa Rosada, al considerar que los recursos "no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento".

"El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad", indicó la administración de Horacio Rodríguez Larreta en un comunicado.

En ese sentido, precisó que este lunes fue entregado ante la Corte un escrito en el que se informó sobre "el incumplimiento del fallo" y pidió "que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo".

También indicó como otra de las acciones puestas en marcha desde la sede del Ejecutivo porteño en Uspallata la instrucción a la Procuración General del distrito, a cargo de Gabriel Astarloa, "que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo".

La semana pasada el máximo tribunal ordenó al Gobierno nacional incrementar al 2,95% el coeficiente de la masa de fondos coparticipables que entrega a la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución sobre la cual el Presidente sostuvo que "afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional".

Al respecto, el Gobierno porteño insistió en que "la sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias".

Por otra parte, anticipó su rechazo a la utilización por parte del Gobierno nacional de bonos TX31 para el pago al indicar que "los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento".

Y concluyó en que "tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan".