La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de su colega Lino Mirabelli para que se desprendiera de la investigación por las visitas irregulares a la Quinta Presidencial de Olivos durante la vigencia de las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia de Covid-19.

Si Mirabelli, tal como todo parece indicarlo, persistiera en considerar que es él quien tiene que continuar con la investigación, quedaría trabado un conflicto de competencia que deberá resolver la Cámara Federal de San Martín.

“La garantía constitucional de juez natural tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa de la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyéndose así, por vía indirecta en una verdadera comisión especial disimulada”, advirtió Arroyo Salgado.

En ese contexto, y en una alusión indirecta a qué y quienes son investigados en el expediente, la jueza resaltó “la importancia que de cara al fortalecimiento institucional tiene el hecho de que la sociedad recepte las decisiones jurisdiccionales como verdaderos actos de justicia, sea cual fuere el sujeto pasivo de las mismas”.

“Este Juzgado Federal de San Isidro resulta competente tanto en razón de la materia como de territorio para intervenir en los hechos denunciados en este expediente”, resumió.