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La punta del iceberg fue un avión de Ersa Urbano S.A., una compañía de colectivos cuyo dueño es Juan Carlos Romero, y que en los últimos tiempos atravesó desde un concurso preventivo hasta la prohibición para su dueño de salir del país. Este año, con la vista gorda de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC, dependiente del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich), y la correcta inspección de la Aduana, le sumó una mancha más al tigre, pero vistosa: usó por todo el país un avión que estaba ingresado de contrabando.

El Lear Jet 45, matrícula LV-GQW, y propiedad de Ersa Urbano S.A., obtuvo justamente esa matrícula, equivalente a la patente en los automóviles, gracias a la ANAC, que se olvidó para otorgarla de un certificado imprescindible: el de la nacionalización del bien, otorgado por la Administración Nacional de Aduana, dependiente de la AFIP. 

Una “cortesía” que no se le aplica, por ejemplo, a una persona física o jurídica que compra un automóvil usado o patenta un 0 kilómetro: le piden hasta el grabado de autopartes. Sin embargo, en el caso de este avión, y de muchos otros, la ANAC, conducida por Tomás Insausti y dependiente de Guillermo “Guillo” Dietrich, se encontró con la correspondiente inspección de la Aduana.

Por lo menos en este caso, el organismo conducido por Diego Dávila actuó de modo eficaz. Si no lo hubiera hecho, quizás nadie se habría dado cuenta, pero realizó su trabajo como correspondía, aunque eso ponga el foco sobre otro organismo del Estado. Las interpretaciones son de lo más diversas: desde una interna entre el titular de la Aduana, Diego Dávila, y el ministro Dietrich (con poco asidero), hasta que Dávila quiere despedirse del organismo siendo recordado por una acción de control eficaz.

La inspección que detectó otros 16 casos

Poco importan las interpretaciones sobre por qué esta vez la Aduana actuó eficazmente. Las normas indican que un avión es considerado bien de capital, pero como tiene movilidad, puede permanecer en tránsito dentro de la Argentina sin ser nacionalizado. Aunque sólo por un tiempo. En el caso de los automóviles y barcos el período es de 180 días, mientras que para las aeronaves se reduce a 45. En el caso de este Lear Jet, estaba en el país desde hacía dos años cuando fue detectada la irregularidad, a comienzos del 2019.

Tras detectar el “leading case” de ERSA Urbano, la Aduana dispuso una investigación sobre aeronaves hangaradas (“estacionadas”) en el Aeroparque Metropolitano y en San Fernando. El resultado fue que por lo menos otras 16 aeronaves estaban en condiciones irregulares.

De ellas, 12 no tenían la documentacion que acredite su ingreso al país. Pero, como sus titulares figuraban como importadores, se les requirió que aporten la documentación correspondiente, algo que hasta ahora no hicieron.

Por otra parte, cuatro aviones más estaban en condiciones absolutamente irregulares: 

-Una de ellas pertenece a Estancia El Azul S.A., su matrícula es LV-FQV, y opera en la Argentina desde el 2014.

-Otra es del importador Beech Flying S.A., su matrícula es LV-CPR, y estaba hangarada en San Fernando, también sin los papeles correspondientes.

-Otras dos empresas de la misma firma, cuyas matrículas son LV-GQX y LV-GWK, están en la misma situación.

El documento interno de la Aduana, previo a la denuncia penal realizada ante el fuero penal económico, habló de “maniobras (por parte de los importadores) tendientes a burlar el efectivo control que compete a este organismo por contar con matrícula nacional”. 

El escrito de la Aduana no lo dice explícitamente, pero ello fue posible gracias a la ANAC, que otorgó matrículas a aviones que no tenían toda la documentación en regla para ello. Una excepción que, por ejemplo, no obtiene ningún ciudadano que quiere comprar un auto usado o patentar un 0 kilómetro. Una “cortesía” que, el organismo que dirige Tomás Insausti y reporta a Guillermo “Guillo” Dietrich (ministro de Transporte) sin embargo tuvo con Juan Carlos Romero (dueño de ERSA Urbano S.A.) y con Beech Flying S.A.