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Por Antonio D' Eramo 

La trama que rige los contratos de explotación petrolera, en este caso de gas no convencional en la provincia de Neuquén, en el yacimiento de Vaca Muerta, suelen estar alejados del público por razones, aducen los CEOs de las compañías, de no dar a conocer a la competencia detalles técnicos de las operaciones que se realizan en el terreno.

No habría problemas de mantener tal secretismo si se tratara de compañías privadas. Pero, en el caso de YPF, que ocupó buena parte del tiempo de Rubén Giustiniani mientras fue senador nacional, una de las partes es una empresa pública de la Argentina. Y es la mas grande del país.

En ese ese contexto, no resultó extraño que acompañara a Giustiniani, en su exposición en la 43° Feria del Libro, el actual senador por la Ciudad de Buenos Aires Fernando "Pino" Solanas, cuya militancia por la soberanía energética le costó un atentado en la década del '90. El hecho trasncurrió en plena era privatizadora de "las joyas de la abuela", entre las que se encontraba YPF. Casi un diamante en bruto.

Para explotar el yacimiento de hidrocarburos no tradicional de Vaca Muerta es necesario una gran inversión, que el país no posee y, por ello, se abre al capital privado internacional. Chevron fue una de las empresas que se anotó primero, durante la gestión de Miguel Galuccio al frente de YPF, en la era kirchnerista.

 

Lo hizo con polémica, firmando un contrato que contenía cláusulas secretas que alentaron la imaginación, la curiosidad y la preocupación de muchos, además de denuncias de la oposición. Chevron viene con un C.V. de causas ambientales en los países en los que actúa. 

Giustiniani reclamó en la Justicia que se haga público el contrato y la Corte Suprema resolvió con un fallo riguroso a su favor. El contrato YPF-Chevron fue entregado al ex senador y, a través de él, fue difundido públicamente. Además, dio lugar al libro que presentó hoy en la Feria, en el que denuncia que el contrato con Chevron tuvo por objeto realizar un préstamo al gobierno argentino a través de un "enmarañamiento de sociedades off shore, que compromete por 35 años a nuestro país".  

El stand de Eudeba lució repleto de invitados que buscaban la firma de Giustiniani.

A.D: ¿Cuál es el descubrimiento que revela en el libro que presentó en la Feria del Libro?

R.G: Es un análisis de lo que fue el contrato secreto de YPF con Chervron. La Justicia nos dio la razón y hoy es un contrato público. Emerge del mismo un enmarañamiento de sociedades off shore en paraísos fiscales. En realidad no es una inversión de Chevron en Vaca Muerta, sino que es un préstamo de una sociedad off shore a otra sociedad off shore con una batería de garantías que compromete por 35 años a la Argentina y nuestro país, a través de YPF, resigna inmunidad soberana al habilitar a los tribunales de Nueva York ante posibles demandas futuras. De esta manera, se abren muchos interrogantes a futuro y una investigación de si Chevron, a partir de este contrato, no tendrá ninguna responsabilidad ambiental. Sabemos que el fracking para explotar yacimientos como Vaca Muerta es una actividad industrial de alto riesgo ambiental.

A.D: ¿El contrato tan oculto estaba pensado para beneficiar a Chevron ante posibles demandas ambientales?

R.G: Claramente es así, porque venía Chevron de Ecuador, donde tuvo un millonario juicio de u$s 17.000 millones y, en este contrato, se tomó la precaución de quedar encubierto para no tener ninguna responsabilidad ambiental. Además, estamos en presencia de un contrato que estaría armado para gambetear al fisco, se deduce del propio contrato. Lo curioso es que una empresa con mayoría estatal lo apruebe y lo firme.

A.D: En el caso de la delegación de soberanía judicial, uno de los argumentos de los funcionarios del Ministerio de Economía es que se trata de una medida que posibilita el arribo de inversiones millonarias. ¿Es así?

R.G: No es así. Muchísimos contratos petroleros se hacen en una asociación a través de una UTE (unidad transitoria de empresas) y así podría haber sido entre YPF y una subsidiaria de Chevron en Argentina. Entonces, hubieran pagado los impuestos que corresponden y haber asumido el riesgo ambiental que corresponde. Nuestra tarea fue que este contrato fuera público y lo logramos. El abogado Ricardo Monner Sanz presentó una demanda penal que está en curso en la Justicia y nosotros llevamos el contrato para que los funcionarios judiciales tengan todos los elementos para su análisis.

A.D: ¿Los últimos contratos que se firmaron se hicieron públicos o continúan con la práctica de hacerlos secretos?

R.G: No son públicos, hasta hoy son privados. Incluso, la nueva ley de acceso a la información le permite que no sean públicos. Por ello, lamentablemente, que este contrato sea público es una excepción a la regla.