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El Gobierno nacional anunció que el presidente Javier Milei designará por decreto a los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La información fue revelada a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la Oficina de Presidencia.

“El Presidente ha decidido nombrar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el final del próximo periodo legislativo. Esta decisión busca normalizar el funcionamiento del máximo tribunal de justicia del país, que no puede cumplir con su función adecuadamente con solo tres jueces. Durante este período, el Gobierno continuará con el proceso legislativo para que la Cámara Alta considere los pliegos y otorgue el acuerdo correspondiente”, indicó el texto oficial.

Asimismo, se destacó: “El Gobierno Nacional no permitirá que los intereses políticos prevalezcan sobre los del pueblo argentino, en ninguna circunstancia”.

Controversia entre el Gobierno y la oposición sobre los nombramientos

El comunicado detalló las acciones llevadas a cabo en el Senado desde la designación de los jueces por parte del Presidente, para su eventual integración a la Corte Suprema. Recordó que la decisión de Milei fue anunciada el 20 de marzo de 2024. El 15 de abril, “el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la preselección de los candidatos, difundiendo ampliamente sus antecedentes”, y desde ese momento comenzaron los trámites administrativos para iniciar el proceso de consulta y participación ciudadana.

El 27 de mayo, los mensajes solicitando el acuerdo fueron enviados al Senado, pero recién el 21 de agosto se realizó la audiencia de Lijo y el 28 la de García-Mansilla. Con estos procedimientos completados, el Gobierno subrayó que “ambos candidatos quedaron en condiciones legales para obtener dictamen y que sus pliegos pudieran ser considerados por el Senado de la Nación”.

El comunicado también recordó que, debido a que no hubo tratamiento durante el periodo ordinario del Senado, Milei incluyó el asunto en las sesiones extraordinarias “ofreciendo una nueva oportunidad al Senado para dar su acuerdo a los candidatos propuestos por el Presidente”.

El Gobierno cuestionó que, “tras casi un año desde que el Presidente, en ejercicio de su facultad, nominó a los candidatos, el Senado no prestó acuerdo, a pesar de haberse cumplido todos los requisitos legales y haberse demostrado la idoneidad de los postulados”.

Además, enfatizó que “la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, otorga al Presidente la facultad exclusiva para nombrar a los jueces de la Corte Suprema” y que el Senado debe expresar su acuerdo o rechazo a las propuestas presidenciales, sin poder proponer sus propios candidatos, basándose en un análisis objetivo sobre la idoneidad de los postulados y no en intereses políticos.

“El Senado no tiene facultad para rechazar el acuerdo de los candidatos designados por el Presidente por motivos personales o políticos de los senadores. De hecho, la politización de la Justicia ha sido una de las principales razones por las cuales los argentinos no cuentan con un sistema judicial que resuelva sus problemas de manera eficiente. La Constitución es clara al establecer que es el Presidente quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo, limitándose el Senado a aprobar o rechazar con base en la idoneidad técnica de los postulados”, destacó el Gobierno.

Por otro lado, se criticó que “una amplia mayoría del ámbito político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en sus decisiones de designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se subrayó que “ahora, durante meses, se ha eludido respetar la decisión de este Gobierno, lo que genera un grave perjuicio para el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado”.

El Ejecutivo recordó que, según la Constitución Nacional, el Presidente está habilitado para nombrar jueces durante el receso legislativo mediante decretos en comisión, los cuales vencen al finalizar la próxima legislatura. Este procedimiento, señaló, ha sido utilizado por presidentes de diferentes ideologías políticas, incluyendo a Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, y ha sido respaldado en múltiples ocasiones por la misma Corte Suprema de Justicia.