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Respaldado por sus aliados, en un contexto marcado por protestas en la zona del Congreso, el oficialismo logró alcanzar el quórum necesario este miércoles para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de validar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con 131 diputados presentes en el recinto, la sesión comenzó cerca de las 10:30. El Gobierno sólo necesita una mayoría simple en una de las cámaras para avanzar con la aprobación de una nueva toma de deuda con el organismo multilateral.

Sesión caliente en Diputados y protestas en las calles

Para iniciar la sesión, el bloque libertario contó con el apoyo del PRO, la UCR, algunas bancadas provincialistas y la Coalición Cívica. Sin embargo, se destacaron las ausencias de las diputadas libertarias Marcela Pagano y Rocío Bonacci, así como el apoyo del peronista Roberto Mirabella, quien se alejó de Unión por la Patria en diciembre. A pesar de no contar inicialmente con un dictamen, el oficialismo solicitó la convocatoria el lunes, y la comisión Bicameral de Trámite Legislativo logró destrabar la situación el martes por la noche, permitiendo avanzar con el proyecto que habilita nuevas operaciones de crédito con el FMI.

El Gobierno recurrió a esta estrategia para institucionalizar la toma de deuda y evitar las restricciones impuestas por la Ley N° 27.612, conocida como "Ley Guzmán", que estipula que los programas de endeudamiento con organismos internacionales deben ser aprobados por el Congreso. Mediante el DNU 179/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete, se esquivó este requisito. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que aún no se ha determinado el monto del préstamo que podría otorgar el FMI.

A pesar del fuerte operativo policial que extendió el vallado y restringió el acceso vehicular y peatonal en las inmediaciones del Congreso, la sesión transcurrió en un clima de tensión y con momentos llamativos. En un cruce con el presidente de la Cámara, Martín Menem, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) lo acusó de limitar los tiempos de intervención para evitar que la sesión coincidiera con la movilización en la calle. "¡Quedate a laburar vos!", le espetó el legislador peronista. Minutos después, la diputada Marcela Pagano, aún perteneciente a La Libertad Avanza, calificó a Menem de "fascista".

Desde el Ejecutivo, el vicejefe del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, se hizo presente en el recinto. El martes había participado de una reunión junto a Guillermo Francos y Luis Caputo con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la que se discutieron proyectos de infraestructura en sus provincias. En total, los tres mandatarios cuentan con 10 diputados afines.

Detalles del DNU 179/2025 sobre la deuda con el FMI

El decreto, emitido el 11 de marzo, avala "las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas" con el FMI, estableciendo un vencimiento en 2035. Si bien no especifica el monto del endeudamiento, señala que los fondos serán utilizados para cubrir pagos pendientes hasta 2029.

En el marco de un escenario de volatilidad cambiaria, los funcionarios enviados por el Gobierno para defender el programa de endeudamiento expusieron en la Bicameral que dictaminó el proyecto. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, explicó que "a través de esta operación de crédito público vamos a fortalecer el Banco Central y poder reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas". Por su parte, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que "este programa permitirá bajar las chances de caer en una crisis hiperinflacionaria".

A pesar de que la aprobación en Diputados podría significar un paso clave para el Ejecutivo, el decreto podría enfrentar obstáculos judiciales. La Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública estipula que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público" con el FMI o cualquier ampliación de los montos involucrados debe contar con la aprobación del Congreso. Además, establece que la Ley de Presupuesto debe incluir un "porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación". La aprobación del decreto podría entrar en conflicto con estas normativas.