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Turbinas vienen, turbinas van. Dicho así parece sencillo, pero en el medio hay una historia. La compañía energética APR, que nació en Francia como Alstom Power Rental (de ahí la sigla), y ahora pertenece a capitales estadounidenses (serían marines y ex marines), trajo al país tecnología llave en mano para instalar dos plantas de generación termoeléctrica: una en Matheu (partido de Escobar, cerca del límite con Pilar) y otra en Zappalorto (Merlo). A pesar de cierta cercanía con zonas pobladas, ambas tuvieron diferentes autorizaciones ambientales, tanto en el nivel municipal como a nivel provincial.

Entre ambas aportaban 500 MegaWatts al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo, distintos grupos de ciudadanos, con reclamos ambientalistas, empezaron a generar protestas y también demandas judiciales. En octubre del 2021, cansados de esta disputa, APR envió una nota a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) donde daba por terminado el contrato de demanda mayorista. Se habían instalado en 2017, tras ser 2 de las 20 generadoras termoeléctricas que ganaron un contrato para brindar ese servicio. 

En mayo de este año, antes de comunicar su decisión a CAMMESA, en el grupo de inversores de la compañía el presidente y director ejecutivo, Bing Cheng, anticipó la decisión. "APR completó su contrato de cinco años en Argentina en enero. El desmantelamiento de la planta de Zappalorto (partido de Merlo) está materialmente completado y nuestra otra planta de Matheu comenzará a ser desmantelada al terminar su contrato, a fines de mayo. Esperamos el redespliegue exitoso de todas las turbinas para la segunda mitad de este año”, detalló el ejecutivo.

 

Turbinas y "sobrepeso": ¿se podía o no?

 

A partir de este proceso trunco, APR tomó la decisión económicamente más conveniente: llevarse las turbinas, y el resto de las plantas llave en mano, a otras localizaciones donde pudieron desarrollar su negocio sin limitaciones. A través de una nota del 21 de enero del 2022, APR Energy le comunicó a la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico S.A. (CAMMESA) su "desvinculación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)" de la Central Térmica Zappalorto, con apenas 5 días anticipación, para el 26 de enero. La nota habla de "evitar sobrecostos y daños y perjuicios por obligarnos a continuar operando, afectando así las inversiones realizadas por nuestros accionistas extranjeros", reconfirmando así la "decisión de terminar nuestra actividad en el MEM a partir del día 26 de enero de 2022". 

A partir de esta decisión unilateral de APR Energy surgen las polémicas: una con respecto a las autorizaciones correspondientes, y otras sobre las cantidades y valores que no pagaron ningún impuesto al autorizarse como temporal. Por supuesto, en todo ello hubo funcionarios aduaneros que autorizaron la operatoria.

Con respecto a las autorizaciones, eran necesarias dos: de la Secretaría de Energía, y de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico S.A. (CAMMESA). Por la primera, quien se opuso es Rubén "El Vasco" Etcheverry, actual ministro de Infraestructura de Neuquén. En tanto que, desde CAMMESA, el funcionario de carrera Jorge Ruisoto, que más adelante llegó al estratégico cargo de gerente de Normativa y Auditoría Interna, tuvo la misma recomendación. Además que el SIN perdía la nada despreciable cifra de 500 MW de generación, esas instalaciones podrían haber sido vendidas a otro jugador del mercado.

Por otra parte, según fuentes ligadas a la operatoria, APR se llevó alrededor de un 15% más en toneladas de lo que había traído. "En la importación temporal, que por su naturaleza no paga impuestos, incluyeron repuestos nacionalizados, así como herramientas y partes que habían comprado en el país", señala la misma fuente. Para APR, el costo del equipamiento, alrededor de u$s 380 millones, era suficiente motivo para derribar argumentos, trabas y burocracia. Inclusive aunque las recomendaciones vengan del sector privado, pues llegó a cambiar de despachante para hacer la operación. El anterior no se animaba a firmar, y uno nuevo sí lo hizo.

El triángulo de la operación fueron un gerente de APR, el despachante elegido (ante el rechazo del anterior) y el director de la Aduana de Campana. Por la empresa actuó Paulo Spata, el argentino designado por la multinacional para ello. Spata es actualmente gerente general del concesionario de la Zona Franca La Plata. El despachante -oficio que también tiene Spata- que se animó a pedir la "temporal" fue Federico Minoyetti.

Mientras que los "garantes" aduaneros de la operación fueron por lo menos tres. En principio, Walter Gabriel Guillerme, director interino de la Aduana de Campana desde febrero de 2021, investigado en la gestión posterior -encabezada por Guillermo Michel- por operatorias como la de Ambiental Campana (https://www.minutodecierre.com/nota/2023-6-9-20-54-0-la-aduana-investiga-a-ambiental-campana-por-supuesta-estafa-quimica-para-subfacturar-exportaciones), y desplazado del cargo. Se comenta también que Gustavo Alejandro Cicogna fue el ayudante de Guillerme en semejante tarea. Con respecto al final de la operación, cuando se consolidó el mayor "cumplido" (del permiso de embarque), algunos consideran que estaba Santiago Benítez liderando Campana, y otros que fue poco antes. De todas formas, la gestión de Benítez no terminó bien como contó Minuto de Cierre en una nota anterior (https://www.minutodecierre.com/nota/2023-3-30-14-37-0-guillermo-michel-ordena-la-aduana-de-campana-clave-para-evitar-subfacturacion-de-exportaciones-e-importaciones-irregulares), lo cual decidió a Michel a ordenar la estratégica Aduana de Campana.  

La infracción estaría dada porque lo que en realidad fue una exportación, que como tal paga impuestos, figuró como importación temporal y no lo hizo. APR pudo llevarse bienes de capital valuados en alrededor de u$s 380 millones. Que había comprado e invertido en el país, pero que salieron mediante una operatoria aparentemente irregular, como suele decirse, "entre gallos y medianoche".