La mina Hualilán ya puede operar, pero la Declaración de Impacto Ambiental no aparece, sus acciones no suben y los dueños se escondieron del anuncio
La habilitación de Minas Hualilán, la primera explotación de oro en 17 años en San Juan, fue presentada con pompa y circunstancia por su directoria, Sonia Delgado. Pero la ausencia del número 1 de la empresa, Sergio Rotondo, no pasó desapercibida. Además, nadie quiere difundir la Declaración de Impacto Ambiental, y las acciones de la firma no suben. De las fotos con Uñac, a dejarla en soledad a Delgado.
Los "mercados" -en términos llanos, inversores que deciden dónde poner plata y dónde no- son expertos en leer señales, tanto macro como microeconómicas. En este sentido, la presentación por parte de Challenger Gold -ex Golden Mining-. de una gran noticia como su habilitación para producir, estuvo plagada de señales negativas. Como positivo, que es la primera explotación de oro habilitada en San Juan durante los últimos 17 años.
Pero a partir de allí son todas pálidas. El Executive Chairman de Challenger Gold, Sergio Rotondo, no estuvo para la foto del supuesto gran anuncio; mientras que hace un año o dos no dudaba en sacarse fotos junto al entonces gobernador, Sergio Uñac. La presentación estuvo a cargo de Sonia Delgado, la directora ejecutiva a cargo del proyecto, a quien se vio en soledad. Además, las acciones de la empresa no subieron después del anuncio, sino que bajaron. La razón de todo esto sería que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es muy negativa, requiriendo un nivel de inversión mucho mayor del que Challenger Gold puede buscar en el Mercado.
Minuto de Cierre le solicitó la DIA, que legalmente debe ser pública, a los dos máximos responsables del tema, a nivel privado y público, pero ninguna quiso brindarla. Sonia Delgado aseguró que "la tiene el equipo de Gestión Ambiental", tras preguntar para qué la necesitábamos. Atento a ese consejo, este medio le pidió la DIA al ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, por mensaje de whatsapp y correo electrónico. Recibimos un amable llamado de la secretaria privada de Perea, pero nunca la Declaración de Impacto Ambiental.
De forma curiosa, casual o causalmente, apenas este medio comenzó a investigar el tema, empezó a circular la Resolución 688, del 21 de octubre de este año. La misma aprueba el "Informe de Impacto Ambiental" (IIA) para la explotación del "Proyecto Minero Hualilán". Pero, luego de esa aprobación el artículo 1, el artículo plantea requerimientos para "una mayor protección ambiental, elevando los estándares establecidos en la Ley del proyecto analizado. Los "requerimientos" alcanzan el altisonante número de 71 puntos, algunos con más de varias exigencias en cada uno.
La DIA no se difunde, pero el contenido polémico se sabe.
El proyecto Hualilán, ubicado en el Área Protegida de Usos Múltiples “Minas Hualilán” (Ley N° 7384 y Modificatoria N° 7560), ha levantado múltiples sospechas. Según una fuente confiable, Challenger Gold habría omitido mostrar a la Dirección de Patrimonio las ruinas más antiguas del sitio, que poseen mayor valor histórico, y no mencionaron la existencia de un cementerio indígena ubicado en la zona destinada al pit principal. También se han planteado dudas sobre la reubicación del trazado de la ruta, ya que se sospecha que podría haber un sector mineralizado debajo de la misma.
Consultada sobre este tema, Sonia Delgado se referenció en el trabajo académico "Gualilán: de estancia ganadera a mina de oro", de los investigadores Catalina Teresa Michieli y Carlos Gómez. El mismo señala que "resulta completamente arbitrario e infundado el afirmar que en la zona de la mina y sus inmediatos alrededores existen restos inmuebles y/o materiales arqueológicos de época prehispánica (es decir, indígena), tal como se aprobó en la primera prospección de 2004 y se ratificó en cada uno de los sitios en el último monitoreo".
Un párrafo que despertó sospechas y críticas. Es raro que arqueólogos de trayectoria den por falsa o inexacta no sólo una prospección anterior, sino también las ratificaciones posteriores. Tanto Michieli como Gómez estarían preocupados por el impacto público de este informe en relación a su prestigio académico.
Por otra parte, otro aspecto sin aclarar es el tratamiento del mineral extraído. Se especula que la compañía podría utilizar la planta de procesamiento de Casposo, propiedad del empresario Eduardo Elsztain, en lugar de construir una instalación in situ. De ser así, surge la pregunta: ¿quién asumirá los costos de mantener las rutas, ya deterioradas por el paso de camiones pesados, como ocurrió con el proyecto Veladero de Barrick?
