Tweet 0 COMENTARIOS

Ninguna norma jurídica puede ser modificada por otra de menor jerarquía, como por ejemplo una ley a través de nota aduanera. Y los repuestos para trenes no son -ni siquiera en la más creativa de las interpretaciones- vagones de subterráneo. Sin embargo, Juan José Gómez Centurión, como director de Aduana en 2016, hizo todo lo contrario. El ideólogo de la maniobra fue Hernán Marotta, un despachante de Aduana y concejal de San Isidro por Cambiemos, justo el municipio en el cual vive Gómez Centurión.

Esto ocurrió en el 2016, cuando el ex militar tenía todo el poder político para manejar la Aduana. Los aduaneros de carrera, advertidos sobre la ilegalidad de la decisión, tomaron fotos de los vagones de subte bajando en el puerto. En ese momento, muchos de ellos sufrían malos tratos laborales por parte de Gómez Centurión y sus hombres de confianza. Pero lo que más sorprendió al personal de carrera fue que Alberto Abad, entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no haya reparado en la decisión del titular de la Aduana. “Nos sorprendió que Abad haya seguido con una especie de encubrimiento del delito”, analiza un aduanero de carrera que siguió el tema.

Minuto de Cierre accedió a todos los documentos que avalaron la decisión. Algunos de ellos, inclusive, mostrarían que se vulneró el sistema informático de la AFIP para eximir del pago de impuestos a una compra que debía cumplir con ello. Si un fiscal toma esta documentación, podrían corresponder figurarles como incumplimiento de los deberes de funcionario público para Abad o Gómez Centurión; o evasión impositiva para Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), la empresa del Estado porteño. 

 

Para Gómez Centurión, su nota vale más que una ley

 

El Presupuesto Nacional 2015, sancionado mediante la ley 27.008, estableció en su artículo 57 que se eximían los derechos de importación para el “consumo de material rodante -locomotoras, unidades autopropulsadas y material remolcado-, de los repuestos directamente relacionados con dichas mercaderías y de rieles, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas”. 

El artículo era más específico aún: se aplicaba a compras realizadas por el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires o las provincias, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) o el Belgrano Cargas. La exención impositiva terminaba el 31 de diciembre del 2016. “Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas”, agregaba el mismo artículo. 

Mediante una nota, SBASE solicitó a la Aduana aplicar para sus vagones y locomotoras la misma norma que a los trenes. El que presentó la nota fue Hernán Delfor Marotta (CUIT 20-04439075-3), que además de su trabajo como despachante de Aduana, fue concejal de Cambiemos en San Isidro, justamente el mismo distrito en el cual vive Gómez Centurión. 

Ante el pedido, la División Dictámenes de la Aduana emitió -el 27 de mayo del 2016- su veredicto: no correspondía la exención, y además otorgarlo sería una violación legal. De todo ello hizo caso omiso Gómez Centurión, quien a través de una simple nota -la 233/2016 de la Dirección General de Aduana- interpretó la ley (el Presupuesto 2015) y otorgó la exención solicitada por SBASE.

“Todas las subdirecciones generales hicieron una especie de obediencia debida”, cuenta uno de los aduaneros que más se opuso en ese momento. “Desde la subdirección de Administración, que tiene a su cargo la recaudación de AFIP; hasta Telecomunicaciones, donde debieron ingresar al sistema las tablas de los CUIT para cargarle ese beneficio a la empresa. Tampoco hicieron nada Auditoría Interna ni Asuntos Jurídicos, y muchos menos Abad”, agregó.  

 

El acusado por contrabando, y el ahorro de u$s 50 millones

 

Hernán Marotta, además de despachante de Aduana y concejal de Cambiemos al momento de la decisión, cargaba sobre sí con un antecedente recordado: el contrabando de autopartes realizado por Autolatina, que en ese entonces juntaba a Ford y Volskwagen, hasta mediados de los 90. Marotta era el despachante de Aduana, y el caso tuvo a importantes directivos de esa automotriz -Alfredo Federico Henke y Jorge José Tozzini- procesados, junto a los agentes aduaneros Simón Omar Medina y Alberto Domínguez Nara.

El procesamiento les fue dictado por ser coautores del presunto delito de ingreso al país de mercadería extranjera sin el previo control aduanero. En la causa, originada en 1995, se llegó a la conclusión de que los ejecutivos y agentes investigados deben ser procesados por el no control de más de 100 contenedores que ingresaron al país vía Paso de los Libres.

Los contenedores debían haber ingresado al país y pasado al depósito fiscal que, legalmente, tenía Autolatina en su planta en Pacheco. Allí se debía verificar la mercadería ingresada, para recién después poder utilizarse en las líneas de producción. Sin embargo, en el caso de Autolatina, la investigación de la Aduana y dos allanamientos del juzgado verificaron que los contenedores en cuestión ingresaron directamente a la línea de producción.

En el caso actual, el de SBASE, Marotta no enfrentaría responsabilidades legales, pero sí Gómez Centurión y la cadena de mandos que tomó a los subterráneos como trenes de pasajeros o carga, cuando no lo son. A través de seis despachos, SBASE debería haber pagado u$s 49.806.130, cuando en realidad terminó abonando u$s 2.736.145.

 by minutodecierre.com on Scribd

16001 i c 05018198 w by minutodecierre.com on Scribd

16001 i c 04016094 y by minutodecierre.com on Scribd

16001 i c 04014322 g by minutodecierre.com on Scribd