Tweet 0 COMENTARIOS

El Gulfstream LV, matrícula LV-KAX, de la firma Baires Fly, parece condenado a hacer historia desde que posó sus ruedas sobre suelo argentino. El evento más llamativo lo tuvo como protagonista a fines de noviembre pasado, cuando el flamante presidente electo -aún no asumido- Javier Milei lo utilizó para hacer el vuelo directo Buenos Aires-Nueva York, con los objetivos de visitar la tumba del fallecido rabino “El Rebe de Lubavitch”, entrevistarse con Bill Clinton y reunirse con posibles inversores.

Cuando un vuelo de línea hubiera resultado más económico, el costo del jet privado rondó los 250.000 dólares, que según diversas fuentes desembolsó el actual embajador en los Estados Unidos, el empresario Gerardo Werthein. La comitiva fue integrada, entre otros, por Karina Milei, Santiago Caputo y Luis “Toto” Caputo, que pudieron disfrutar de distintas comodidades: una cocina grande con agua fría y caliente, tomas de corriente, mesas de trabajo plegables y sistemas de entretenimiento multimedia de última generación.

El dueño de este avión, y de Baires Fly, es Luis Grande. El mismo que se encargó personalmente de llevarse a Marcelo Tinelli, en plena pandemia, una valija de Buenos Aires a Esquel que supuestamente contenía medicamente. El Gulfstream LV-KAX, según información oficial sobre la aeronave, fue fabricado en 1998 y modernizado en 2021.

Además de todos estos hechos, bastante llamativos, el Gulfstream de Baires Fly fue el disparador -aunque quizás no el único- de una causa judicial tan interesante como oculta para el gran público. Según las fuentes que se consulte, su precio real pagado en 2021 fue entre 7,5 y 8 millones de dólares, pero se declaró al doble: 15 a 16 millones. Como, además, se pagaba al exterior al tipo de cambio oficial, usando pesos y pidiéndole dólares al Banco Central, el negocio fue redondo.

“Con esta maniobra, a todos los que trajeron aeronaves de pequeño o mediano porte, las mismas les salieron gratis”, admite un experimentado agente de comercio exterior, con una mueca de disconformidad. Lo mismo que hizo Baires Fly fue repetido por centenares de personas físicas y jurídicas, que al ritmo del Sistema Integral de Monitoreo de Informaciones (SIMI) ponían pesos y se traían del exterior activos dolarizados. El principal garante político de esquema era el entonces secretario de Industria, Ariel Schale. Este funcionario del “albertismo” venía de ser director ejecutivo de la Fundación Pro-Tejer, cuyo sector sostén -los textiles- obviamente fue uno de los más beneficiados por las SIMI. “Con las SIMI se comieron u$s 25.000 millones de superávit comercial del 2020 y 2021, a nosotros nos tocaron las vacas flacas”, solía lamentarse un funcionario que fue clave durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

 

Las polémicas de la causa: competencia, vicios procesales y cuántos aviones son

 

La causa siempre estuvo en la Justicia Federal, iniciando su instrucción el fiscal Guillermo Marijuan, acostumbrado a expedientes de alto impacto público y político (Ruta del Dinero K, comedores fantasma, entre otras). Sin embargo, tras una denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, conocer del mundo aduanero, el juez Lijo, actual candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia, se hizo cargo de la misma.

-Competencia: ¿federal o penal económico? El cuestionamiento, tanto de juristas como especialistas en comercio exterior, es que la maniobra denunciada es una típica sobrefacturación. Por lo cual, su competencia debería ser el fuero penal económico. Ese es el argumento más elegante entre los que creen que Lijo se quedó con una causa que no era de él.

Entre las razones “blue”, hay dos que se esgrimen con frecuencia. Una es que el acceso al nombre de los importadores brinda una especial relación con el Círculo Rojo. Además de firmas de transporte aéreo ejecutivo, están los hombres clave de todos los sectores económicos, algunos famosos, otros poderosos, y unos terceros ambas cosas.

-Contactos cercanos: ¿es mejor o peor tenerlos? La otra razón “blue” que se escucha, sobre todo en el edificio central de la Aduana, de Azopardo y Belgrano, es que Lijo tiene allí todos los contactos para solicitar la mejor y más confiable información sobre estos aviones. En sí misma, esto sería una ventaja. Sin embargo, esta causa despertó una fuerte competencia entre dos direcciones para ver cuál de ellas actuaba como auxiliar o fuente de información de la Justicia, lo cual -nombre de los actores mediante- generó fuertes suspicacias. No sería la primera vez que las familias aduanera y judicial se cruzan, pero se trata de una causa muy sensible.

-¿Cuántos aviones son: 257, casi 340 o apenas 22? Apenas tuvo repercusión la causa 367/22, la información que circuló es que se trataba de 257 aeronaves importadas con sobrefacturación entre 2020 y 2021, con la venia de las SIMI (luego SIRA) que aprobaba Ariel Schale. Sin embargo, tras el pedido de Lijo a la Aduana, tras una discusión interna sobre qué dirección debía manejar el tema, el número final habría sido de 337.

De modo sorpresivo, la causa volvió a tener visibilidad en abril del 2023, cuando la Aduana anunció con bombos y platillos que “realizó allanamientos por sobrefacturación en las importaciones de 32 aviones” entre 2022 y 2023. Como si los más de 300 relevados por el organismo Lijo, del 2020 al 2021, no existieran. "Era más de 300, importados en 2021 y 2002; de repente bajó el número a menos del 10%, y el foco estaba puesto en otros años", decían algunos críticos y conocedores del tema. 

 

ESTE ES EL COMUNICADO COMPLETO QUE LA ADUANA EMITIÓ EL 4 DE ABRIL DEL 2023