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Si los jueces y fiscales fueran tan voluntariosos con el oficialismo como con la oposición, las frecuentes reuniones del número dos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Sergio Lumachi, con el gerente comercial de Experta ART, Ignacio “Nacho” Amui, serían monitoreadas e investigadas. Más aún, cuando por lo menos se producen una vez por mes. Pero no es el caso.

Es que tanto Lumachi como Amui cuentan con el “viento de cola” y el “siga siga” judicial que significa ser oficialismo. Que, sin embargo, puede transformarse en viento de frente y lupa exhaustiva una vez que se pasa a la oposición. Basta preguntarle a un sinfín de kirchneristas presos y/o con problemas judiciales para saber de qué se trata. 

Tanto Lumachi, como el número 1 de YCRT, Omar Zeidán, responden a la principal figura política de Cambiemos en Santa Cruz, Eduardo Costa. Este último se encuentra distanciado del oficialismo nacional, tras votar en el Presupuesto Nacional contra lo que pedía el Gobierno. Pero las diferencias se terminan en YCRT. De acuerdo al presupuesto que le asignó el Estado Nacional en 2019 -$ 870 millones-, alcanzaba para el pago de sueldos hasta abril o mayo. Pero a comienzos de año llegó una ampliación presupuestaria de $ 210 millones, y otra de $ 700 millones en mayo.

Todo ello, a pesar que Eduardo Costa no está en su mejor momento con el Gobierno Nacional, y ya no asoma como seguro ganador de las elecciones a gobernador este año, tras la recomposición que logró el kirchnerismo. Sin embargo, YCRT tiene a Experta, cuyo gerente comercial, Ignacio Mariano Amui, además de tesorero de River Plate, fue compañero en el secundario “Cardenal Newman” del presidente Mauricio Macri, con quien además suele jugar al paddle.

Amui es clave para el lobby exitoso de Experta. Más allá que es una empresa del Grupo Werthein, uno de los más importantes del país. Según fuentes del sector seguros, además participaría de este “entramado de negocios” (por llamarlo de un modo elegante) Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Si todo esto no fuera suficiente, en el caso Experta-Río Turbio se suman tres factores clave: precio inflado, cartelización de oferta, y el bolsillo de payaso del Estado Nacional.

Precio inflado: de acuerdo a la oferta que ganó en octubre de 2017, la ART del Grupo Werthein ganó el contrato a tres años, con opción a uno más, por $ 20 millones mensuales y $ 241,77 anuales. Que podrán ser ajustados según cápitas (cantidad de trabajadores) y salarios. En aquel contrato se permitió que Experta facture el 11,18% sobre la masa salarial de los 2.641 trabajadores que poseía YCRT.

Por otra parte, el lobby de Experta y otras ART consiguió que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitiera la Resolución 17/2018 (de noviembre de ese año), donde la “extracción y aglomeración de carbón” paga 11,729% por cápita, cuando las extracciones de distintos minerales van generalmente desde el 3% al 6%. La extracción de carbón no necesariamente es más riesgosa que la de minerales, pero la regulación de la SSN consideró que sí.

Por otra parte, Experta factura de más gracias a un “truco” que la YCRT de Costa, Zeidán y Lumachi permite: le cobra la misma cápita alta (11,729%) a los trabajadores de la mina (totalmente justificado) que a los administrativos, cuyo riesgo en sensiblemente menor. “Ellos le facturan a la empresa como si todos fuéramos mineros, cuando no es así”, cuenta un empleado de la minera estatal. 

Cartelización de precios y oferta: en el caso de YCRT, convenientemente las otras ofertas presentadas fueron más caras que la de Experta: Provincia ART pidió $ 21,26 millones mensuales; Galeno ART llegó a $ 22,88 millones y Prevención ART a $ 22,52 millones. De esta forma, los algo más de $ 20 millones que pidió Experta parecen un buen negocio.

Pero, al igual que la ya expuesta –mediática y judicialmente- obra pública, el mercado de seguros también estaría cartelizado. “Tienen un acuerdo de no competición, ofertan de más a propósito en los clientes cuya ART ya está puesta a dedo”, cuenta un conocedor de este mercado. “Las únicas dos que están fuera de la cartelización son Federación Patronal y Prof”, admite el directivo de una de las “grandes”. 

El Estado Nacional, con bolsillo de payaso: el presupuesto de YCRT bajó de más de $ 4.400 millones (en 2017) a alrededor de $ 3.700 millones (durante el 2018), más allá de las ampliaciones realizadas. Para el 2019, con el FMI monitoreando las cuentas nacionales, apenas se aprobaron $ 870 millones. Pero las ampliaciones presupuestarias aparecieron a tiempo: a comienzos de año y luego en mayo.

La intervención de YCRT hizo todo para que la empresa tenga ingresos propios, y lo logró. Pero no movió un dedo para racionalizar los costos de ART. Los partidos de paddle de “Nacho” Amui explican gran parte de esto.