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En un país privilegiado para la producción de alimentos, importarlos resulta un fracaso económico. Si, además, los mismos se pudren porque se les desconecta el motor refrigerador, se suman al cóctel la desidia, la impericia y la corrupción. Eso es lo que ocurrió con dos contenedores que importó Cresta Roja desde el puerto alemán de Hamburgo, que estuvieron dentro de lo que se conoció como “Mafia de los Contenedores”, y que la semana próxima serán destruidos. El costo de un millón de pesos correrá por cuenta de la Aduana, y las 60 toneladas de pollo que hubieran alimentado a muchos argentinos -vendidas o donadas- serán historia.

En 1986, cuando al gobierno de Raúl Alfonsín le costaba controlar la inflación, al secretario de Comercio -Ricardo Mazzorín- se le ocurrió importar 38.000 toneladas de pollo de Hungría, que terminaron pudriéndose. Fue uno de los grandes escándalos de ese gobierno, y uno de los periodistas que se lució en la investigación televisiva fue Daniel Hadad, que en aquel momento trabajaba en América TV. Al peronismo opositor, el tema le cayó como anillo al dedo, aunque Mazzorín terminaría judicialmente sobreseído en 1995. A comienzos de 2016, la historia registró similitudes y diferencias. La mezcla de un gobierno aperturista en el comercio exterior, con un funcionario manejando discrecionalmente un área que no conoce -el militar Juan José Gómez Centurión, en la Aduana-, produjo la importación de pollos de una empresa que estuvo a punto de cerrar, Cresta Roja. La historia no podía terminar bien: desconectaron el refrigerador de los contenedores de pollos, y hace más de un año están pudriéndose en un depósito de la fuerza aérea.  

A esta altura de los acontecimientos, la destrucción que se hará de esos dos contenedores resulta la mejor solución, pues ambos chorrean el líquido de sus desechos, y están contaminando el suelo del depósito fiscal que la Fuerza Aérea maneja en Quilmes. El olor a podrido se siente desde la Autopista La Plata-Buenos Aires a esa altura, y más aún en la escuela técnica que está ubicada cerca del depósito. Otra diferencia con aquella época: un periodismo menos crítico del poder. Gómez Centurión fue milagrosamente excluido de la causa "Mafia de los Contenedores", aunque el principal involucrado -Carlos "Cuqui" Barreiro Laborda- lo señaló como su jefe; y hoy es el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, con ninguna experiencia en bancos. Por estos días, además, Gómez Centurión es el hombre a cargo del banco más importante del sistema, pues su presidente -Javier González Fraga, presidente del Banco Central durante la hiperinflación de Alfonsín- está de vacaciones en Europa. Sin embargo, pocos periodistas se dan cuenta de la actuación pública del ex militar carapintada (efectivamente, Gómez Centurión).

La historia de estos dos contenedores comenzó en 2016, cuando fueron importados. Según la documentación a la que accedió Minuto de Cierre, uno de ellos tiene destino en el puerto de Hamburgo (código GEHAM), el importador es Rasic Hermanos (razón social de Cresta Roja), la descripción habla de “carne y despojos comestibles de aves de corral”, y el peso bruto es de 29.202 kilos (29,2 toneladas). El número de contenedor es HLXU 6755428. Mientras que el segundo contenedor tiene las mismas características que el anterior, y su número es HLXU 6771100.

Los dos contenedores llegaron como una importación normal al Puerto de Buenos Aires. Pero el camino que los transformó en desechos comenzó cuando el entonces titular de la Aduana -Juan José Gómez Centurión- los ubicó en el lote de 4.500 containers que terminaron en la causa llamada “Mafia de los contenedores”, que curiosamente tiene muchos presos y procesados, pero no al máximo responsable del manejo de los mismos, es decir, Gómez Centurión.

“La orden del ex titular de la Aduana fue trasladarlos al depósito fiscal que maneja la Fuerza Aérea en Quilmes, quizás para quedar bien con ellos por su pasado militar (fue héroe de Malvinas y también carapintada de Aldo Rico). Pero también es cierto que ese depósito se maneja de un modo artesanal, sin sistema informático ni registros fiables. Así que quizás los mandó allí a propósito, para que se pierda el rastro de los contenedores”, aseguró a este medio un aduanero de carrera, que siguió toda la operatoria.

Además de Gómez Centurión, los responsables de este manejo fueron Mariano Ferreirós (era director de Recursos y Presupuestos, y señalado como cajero de su jefe político), y Gonzalo Sebastián Alvarez Constante, hijo de un ex dirigente del gremio aduanero ya fallecido, Héctor Alvarez. En enero del 2017, cuando Gómez Centurión era amo y señor de la Aduana, Alvarez Constante fue nombrado como jefe de sección en Gestión de Rezagos.

El problema con esos contenedores empezó en enero de 2017, cuando llegaron al depósito fiscal de la Fuerza Aérea. “La Aduana literalmente los desenchufó y los llevó al depósito fiscal”, cuenta un agente aduanero que siguió la operatoria. Se desconectó de la red eléctrica el motor frigorífico que tienen atrás los tipos de contenedores Reefer, de los más usados para trasladar y conservar alimentos. Es como si hubieran desenchufado un frezar que mantiene alimentos congelados y en condiciones de ser consumidos más adelante.

Como era esperadle, al poco tiempo esos dos contenedores empezaron a chorrear el líquido producido por el descongelamiento. Y la solución que se le ocurrió a la Aduana y la Fuerza Aérea fue de corto plazo: trasladarlos del playón con cemento al sector de tierra del depósito fiscal. El olor no se pudo eliminar, pero por lo menos la tierra -a costa de daños futuros- absorbió el líquido.

En marzo de este año, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) inspeccionó los contenedores. “Son una bomba sanitaria, están sin refrigeración hace un año”, fue la síntesis que hicieron desde ese organismo. Poco después, la Aduana -ya conducida por Diego Dávila- supo que sólo cabía una decisión: destruirlos.

Y eso es lo que finalmente ocurrirá la semana próxima. Con una empresa importadora -Cresta Roja- parada y al borde de la quiebra, el costo de $ 1 millón correrá por cuenta del organismo estatal. A esta altura, resulta el mal menor, pero el daño económico y ecológico ya está hecho. Aunque será difícil que la Justicia encuentre responsables para esto.